Cuestionan reglamento que otorga pasaportes diplomáticos de por vida a exfuncionarios

El reglamento que permite otorgar pasaportes diplomáticos y oficiales de forma vitalicia a determinados exfuncionarios del Estado ha generado críticas y llamados a revisión por parte de diversos sectores.

La normativa, contenida en el Acuerdo No. 001-SG-2025, fue aprobada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras durante la administración anterior y publicada el 14 de junio de 2025 en La Gaceta, donde se establecen las disposiciones para la emisión de pasaportes diplomáticos y oficiales y las autoridades que pueden acceder a este tipo de documento.

De acuerdo con el reglamento, los pasaportes diplomáticos se otorgan a una amplia lista de autoridades, entre ellas titulares de los tres poderes del Estado, diputados del Congreso Nacional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público, funcionarios del Banco Central, autoridades electorales y diplomáticos de carrera.

Sin embargo, uno de los puntos que más críticas ha generado es el artículo 13, que establece que los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como los excancilleres y exvicecancilleres, pueden portar pasaporte diplomático de manera vitalicia, aunque el documento tenga periodos de vigencia que deben renovarse.

Además, el reglamento también abre la posibilidad de extender el beneficio a familiares. Según el artículo 6, pueden recibir pasaporte diplomático los cónyuges e hijos de miembros del servicio diplomático o funcionarios acreditados en misiones en el exterior, e incluso, en casos excepcionales, los padres dependientes si así lo autoriza el canciller.

Para el experto en temas internacionales Graco Pérez, el problema radica en que este tipo de documentos se ha utilizado históricamente como un privilegio indebido para personas que ya no ejercen funciones públicas.

“Históricamente Honduras ha otorgado pasaportes diplomáticos y oficiales a funcionarios de alto rango para facilitar sus trámites y misiones oficiales, pero aquí ha habido una situación de tráfico y abuso porque hay personas que los poseen sin tener derecho”, explicó.

Pérez señaló que el reglamento aprobado durante el gobierno anterior profundiza la polémica al introducir el carácter vitalicio para algunos casos.

“El gobierno anterior hizo un reglamento donde lo hizo vitalicio, o sea, además del abuso ahora lo quieren hacer vitalicio. En el pasado tampoco se decomisaban esos pasaportes, por eso es importante que Cancillería revise el reglamento y cancele los que están en manos de personas que ya no tienen derecho”, expresó.

El analista advirtió que el pasaporte diplomático otorga un trato diferenciado en aeropuertos y ciertos privilegios en el tránsito internacional, lo que incentiva su uso indebido.

“Hay ventanillas especiales para funcionarios diplomáticos, acceso a salas VIP y facilidades en los aeropuertos. Es un estatus diferenciado que se entiende cuando alguien representa al país, pero no cuando la persona ya no tiene ninguna función pública”, detalló.

Desde la perspectiva del diplomático de carrera Ramón Custodio, el debate también refleja un problema histórico en la administración de estos documentos.

“Siempre han existido reglamentos y a través de las décadas se han ido mejorando. Por ejemplo, antes de 1998 el cónyuge extranjero de un diplomático podía tener pasaporte diplomático, pero eso se eliminó en ese año”, recordó.

Custodio explicó que, tradicionalmente, los diplomáticos de carrera entregan voluntariamente sus pasaportes cuando concluyen sus funciones, algo que no siempre ocurre con los funcionarios políticos.

“El problema es que los funcionarios que han salido del gobierno no están devolviendo sus pasaportes y los siguen utilizando. Eso es irregular y debería hacerse un operativo con Migración para incautarlos cuando entren o salgan del país”, planteó.

El diplomático aclaró que existe confusión respecto al concepto de “vitalicio”, ya que en algunos casos se refiere al derecho a renovarlo durante toda la vida y no a que el documento sea permanente.

“Un expresidente tiene derecho a su pasaporte diplomático de por vida, pero eso no significa que el documento sea vitalicio; caduca y lo puede renovar. Es diferente”, puntualizó.

Consultadas por este medio, autoridades de la Cancillería informaron que el tema se encuentra actualmente bajo análisis interno.

“Desde Cancillería se está analizando este tema y aún se están afinando algunos aspectos. En cuanto tengamos una definición oficial la estaremos compartiendo”, indicaron.

Las críticas también llegaron desde el Congreso Nacional. El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, calificó como un abuso que exfuncionarios continúen utilizando pasaportes diplomáticos después de dejar sus cargos.

“Es un abuso, como presidente del Congreso exigimos la derogación del reglamento y que los funcionarios que terminaron su mandato el 27 de enero devuelvan los pasaportes diplomáticos”, manifestó.

Zambrano sostuvo que estos cargos son temporales y que el uso del documento no debería prolongarse una vez finalizado el período de funciones.

“Una vez que finaliza su periodo, tienen que devolver sus pasaportes diplomáticos. Vamos a exhortar a Cancillería para que elimine ese reglamento y que estos documentos no sean vitalicios para secretarios de Estado o presidentes de poderes del Estado”, concluyó.

Por su parte, el excanciller Eduardo Enrique Reina defendió el reglamento y aseguró que la práctica de otorgar pasaportes diplomáticos a determinados exfuncionarios tiene décadas de vigencia en el país.

A través de redes sociales, el exfuncionario afirmó que la normativa solo reguló una práctica histórica respaldada por distintas leyes y reglamentos.

“Las leyes anteriores ya otorgaban pasaportes diplomáticos desde hace más de 40 años a presidentes, expresidentes, cancilleres, excancilleres y diplomáticos de carrera. No es un abuso ni algo contrario a la ley”, sostuvo.

Reina agregó que la Ley de Pasaportes de 1971 ya contemplaba el derecho de ciertos exfuncionarios a portar pasaportes diplomáticos, por lo que consideró que el reglamento únicamente buscó dar mayor transparencia al proceso.

Mientras el debate continúa, expertos y actores políticos coinciden en que el país enfrenta el reto de definir con claridad quiénes deben conservar este tipo de documentos y bajo qué condiciones, para evitar que un beneficio ligado al servicio público se convierta en un privilegio permanente.