El Congreso Nacional de Honduras dará inicio a su cuarta y última legislatura este sábado 25 de enero, sin haber clausurado oficialmente el período de sesiones ordinarias de 2024, tal como lo exige la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El artículo 1 de la normativa establece que: “El Congreso Nacional se reunirá en la capital de la República en sesiones ordinarias, el 25 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria, y clausurará sus sesiones el 31 de octubre del mismo año”.
En septiembre de 2024, los diputados aprobaron extender el período de sesiones ordinarias hasta el 24 de enero. Sin embargo, debido a la falta de acuerdos entre las diferentes bancadas políticas, los congresistas no han vuelto a sesionar desde el 17 de diciembre pasado, lo que ha provocado la paralización de las actividades legislativas.
“De acuerdo al procedimiento legislativo durante 40 años, siempre se aprueba y se ha aprobado un decreto de apertura de la legislatura que es el que se firma el 25, si usted se fija, se andan recogiendo firmas y el de cierre que es la última sesión del período ordinario antes del 25, hasta donde se amplíen las sesiones”, explicó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Continuó: “Eso hicimos y se ha hecho toda la vida, pero Libre, sin explicaciones e interpretación que implementan ellos, el año pasado no se hizo decreto de la legislatura y este año tampoco lo van a hacer, o sea, a ellos no les interesan los procedimientos, ni la ley y no respetan absolutamente nada, ni la Ley Orgánica del Congreso, ni la Constitución”.
Rumy Bueso, diputado del Partido Liberal, cuestionó que “no es legal iniciar una legislatura sin cerrar la anterior. Pero ¿qué se puede esperar de este gobierno?, no van a continuar”.
Omisión de procedimientos legislativos
La actual gestión del Congreso Nacional ha sido fuertemente cuestionada durante las tres últimas legislaturas por omitir procedimientos legislativos establecidos en la Ley Orgánica de ese Poder del Estado en varias ocasiones.
Uno de los casos más polémicos de la administración de Luis Redondo, en el que se obvió el procedimiento legislativo y que fue cuestionado por la oposición y diversos sectores, fue la aprobación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin la ratificación del acta de la sesión anterior.
Asimismo, la elección del fiscal general, aprobada con nueve votos de los miembros de la Comisión Permanente, y la destitución del exprocurador Abraham Alvarenga durante un madrugón, sumado al nombramiento del abogado José Manuel Galeas como su sucesor, quien en ese momento no cumplió con los requisitos profesionales, forman parte de los actos cuestionados por obviar el procedimiento legislativo.
