Tegucigalpa
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, insinuó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que la Constitución de la República señala que para los cargos de fiscal general y fiscal adjunto se deben elegir a los candidatos mejor evaluados por una comisión de dictamen del Congreso Nacional.
“El Congreso Nacional, integrado en mayoría por políticos que adversan mi mandato, boicotea el nombramiento de los candidatos mejor evaluados por la comisión de dictamen para fiscal general y fiscal adjunto como lo dispone la Constitución”, afirmó Castro, el pasado 30 de agosto.
No obstante, en ninguna normativa se le confiere poder a una comisión del Congreso Nacional para realizar una evaluación y que esta, a su vez, sea determinante en la selección de las autoridades del Ministerio Público. De acuerdo con el artículo 233 de la Carta Magna, se declara que el Congreso Nacional deberá escoger al fiscal general y fiscal adjunto conforme a los cinco candidatos nominados por la Junta Proponente.
Ni en el artículo 232 ni en el artículo 233 se ordena que para elegir a los fiscales se debe tomar en consideración la evaluación que haga una comisión de dictamen del Poder Legislativo.
De igual forma, en la Ley Orgánica del Ministerio Público se contemplan los mismos requisitos constitucionales para escoger al fiscal general de la República y al fiscal adjunto.
Un 95.5% obtuvo de calificación la abogada Jenny Almendares por parte de la Junta Proponente, pero la comisión especial del Congreso solo le dio un puntaje de 78%.
