Representantes de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras analizan mecanismos legales para frenar delitos que jefes pandilleros ordenan desde las cárceles, como extorsiones y homicidios.
El debate se desarrolla en el marco de la 'Primera Conferencia Regional sobre la intervención de pandillas en el contexto de encierro' que se inauguró el lunes en San Salvador y a la que también asisten delegados de México y Estados Unidos.
Para contener los delitos, las autoridades penitenciarias buscan herramientas legales como las escuchas telefónicas y otros mecanismos de 'inteligencia penitenciaria', aseguró el director de Centros Penales de El Salvador, coronel Gilbert Cáceres.
En lo que va del año, Cáceres ha logrado incautar 785 teléfonos celulares y 618 chips mediante un intenso trabajo de inteligencia en las cárceles salvadoreñas.
Además, dijo el funcionario, ha logrado frustrar los planes de peligros reos que intentaban fugarse de los presidios mediante la construcción de túneles.
'Lo que nosotros queremos de fondo es cerrar filas y no dar espacio para que los reclusos tengan comunicación desde cárceles de Estados Unidos a la región para ordenar delitos', aseguró por su parte el portavoz de centros penales, Alberto Uribe.
Según investigaciones de las autoridades, los delitos que se cometen desde las cárceles son facilitados por personas que logran burlar controles para introducir teléfonos celulares.
Además de los procedimientos de internamiento carcelario, el foro analiza políticas vinculadas con la 'rehabilitación' y la seguridad carcelaria, tales como instalar aparatos para bloquear las señales de teléfonos celulares y el monitoreo de los agentes de vigilancia, para evitar que sean sobornados por los reclusos.
Estimaciones oficiales contenidas en un estudio elaborado por expertos para el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de El Salvador indican que en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua podría haber cerca de 300.000 pandilleros.
Honduras presenta la proporción más alta con 500 pandilleros por cada 100.000 habitantes, seguida por El Salvador con 180, Guatemala 111, Nicaragua 81, Costa Rica 62, Panamá 43 y Belice 36.
'La relación entre el fenómeno de las maras y la violencia se ha complicado adicionalmente por los efectos colaterales asociados a las migraciones, como la transculturización de las pandillas y las deportaciones. Estas últimas han experimentado un marcado incremento en años recientes, a medida que Estados Unidos ha endurecido sus políticas de migración', consigna el informe del CNSP.
