El Gobierno de Honduras informó que alcanzó un acuerdo con la industria cementera nacional para mantener congelado el precio del cemento durante un período inicial de seis meses, como parte de las medidas orientadas a garantizar estabilidad en el mercado y proteger a los consumidores.
La decisión quedó establecida mediante la firma de un Acta de Compromiso suscrita entre el Estado y las empresas cementeras CENOSA, ARGOS y DURACEM.
Según el comunicado, el acuerdo fue impulsado por el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, y coordinado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), bajo la dirección del ministro Eddy Ordóñez y el viceministro Fernando Fortín.
El Gobierno indicó que la medida busca mantener condiciones estables en el mercado nacional, evitar incrementos en el precio del producto y asegurar el abastecimiento de cemento en todo el país.
Asimismo, las autoridades aclararon que el Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico está alineado con estándares internacionales ASTM (American Society for Testing and Materials) y enfatizaron que la normativa no prohíbe importaciones, no limita la libre competencia ni cierra el mercado hondureño.
En ese sentido, señalaron que cualquier empresa podrá continuar importando cemento conforme a la legislación vigente, siempre que cumpla con los requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional.
Detallaron que el reglamento aplica tanto para productores nacionales como importadores, sin distinción de origen, e incorpora disposiciones relacionadas con control de calidad, trazabilidad, etiquetado técnico, registro y verificación del producto.
El Gobierno también desmintió versiones que aseguran que la normativa provocará aumentos automáticos en el precio del cemento o desabastecimiento en el mercado nacional.
“El reglamento establece controles técnicos, no controles de precios”, subraya el documento oficial, al tiempo que sostiene que Honduras cuenta con suficiente capacidad de producción, inventarios y redes de distribución para atender la demanda nacional.
Además, se explicó que el reglamento contempla períodos de adaptación que permitirán la continuidad normal de las actividades comerciales sin afectar el suministro del producto.
Las autoridades afirmaron que el país no está cerrando su mercado, sino fortaleciendo sus estándares técnicos y modernizando los mecanismos de control en beneficio de la seguridad en las construcciones y la protección de los consumidores.
