El presidente Manuel Zelaya Rosales convocó al Consejo de Ministros para revisar hoy los contratos con el Servicio de Medición Eléctrica de Honduras, Semeh, y con las empresas de generación térmica.
Unos doce contratos, a través de los cuales se generan 787.9 megavatios, serán revisados a partir de este día por el mandatario, quien se reunirá con la junta directiva de la estatal y la comisión coordinadora integrada por los ministros Arístides Mejía, Rebeca Santos, Riccy Moncada y el asesor jurídico, Enrique Flores Lanza.
Algunos ejecutivos de las empresas térmicas ya han expresado su disposición de modificar los contratos por los cuales el Estado paga más de seis mil millones de lempiras al año.
Estas son Laeiz, Cemco, Nacional de Ingenieros, Emce, Enersa, Lufussa, Elcosa, Ampac y Elcatex que venden a la Enee 787.9 megavatios y representan un 70 por ciento de la generación eléctrica. El otro 30 por ciento, 464 megas, es por generación hidroeléctrica.
El Estado considera onerosos algunos de los contratos térmicos porque obligan a pagar entre 8.6 y 20 centavos de dólar por kilovatio generado. En el caso de Semeh, el Estado paga entre 16 y 18 millones de lempiras al mes por la facturación y cobro de energía.
El ministro asesor presidencial, Flores Lanza, informó la semana anterior que hay tres vías para revisar los contratos que conlleven a una modificación o revocación a través del Congreso.
La primera es por voluntad de las partes, por decisión de una de las partes, en este caso el Estado bajo la excusa de incumplimiento de las obligaciones contractuales, o cuando los contratos son declarados lesivos al interés público.
“Operación tijera”
A su retorno ayer de Guyana donde participó en la Cumbre del Grupo de Río, Zelaya Rosales recibió un informe sobre los resultados de la “Operación tijera”, en el cual aseguraron haber cobrado 150 millones de lempiras a los morosos.
Los secretarios de Estado que coordinaron comisiones de corte y cobro por servicios de energía eléctrica en el país afirmaron que la alta morosidad de los abonados de la Enee aumentó en los últimos años debido a la descoordinación con Semeh.
El ministro de Defensa y coordinador de comisiones, Arístides Mejía, recomendó revisar dicho contrato.
En la reunión se concluyó que “es necesario determinar donde comienza y donde terminan las obligaciones de Semeh”.
Entre los hallazgos más importantes se destaca que hay más de 1,200 comunidades que cuentan con energía eléctrica, pero no están conectadas con la Enee, por la vía de los medidores.
Se constató que hay colonias recién construidas que tampoco están conectadas, pero reciben el servicio y hay más de 5,000 puestos de venta en los mercados que no pagan por utilizar conexiones con la Enee.
El presidente Manuel Zelaya informó que la operación de rescate de pérdidas durará varios meses, hasta que se logre un buen porcentaje de recuperación.
La segunda etapa de la operación es proceder contra aquellos abonados que tienen pegues clandestinos o que han venido consumiendo electricidad sin contar con el respectivo medidor.
El Presidente instruyó a sus ministros a continuar con los cobros para sanear las finanzas de la Enee.
Recuperación
Ciudad Monto pagado
San Pedro Sula 52,443,613.92
Puerto Cortés 1,889.335.53
Santa Bárbara 2,398,571.89
Yoro 3,005,873.33
El Progreso 7,523,484.63
Santa Rosa de Copán 3,217,631.88
Copán Ruinas 1,481,638.08
San Marcos de Ocotepeque 1,306,420
La Entrada, Copán 1,617,306.70
Fuente Enee/región noroccidental
Qué pasó
El domingo 25 de febrero, el presidente Zelaya instruyó a su gabinete de Gobierno a integrar comisiones para acompañar a cuadrillas de la Enee, con el fin de efectuar cortes de energía a los morosos.
Roland Valenzuela, ministro de Pronaders.
Tegucigalpa. Por cometer una ilegalidad y que el presentar documentación que lo autoriza tampoco es correcto, diputados de Unificación Democrática solicitaron ayer la suspensión del cargo del ministro del Programa Nacional de Desarrollo Social Sostenible, Pronaders, Roland Valenzuela.
La solicitud la hicieron a título personal pero en la sesión de hoy del pleno del Congreso podrían someter al pleno una manifestación exigiendo al presidente Zelaya la suspensión, manifestó la diputada Silvia Ayala.
Permiso
El Gobierno inició operativos para cortarle la energía a los morosos y a los que tenían pegues directos sin cuantificar ni pagar el consumo.
Mientras Valenzuela cortaba el fluido eléctrico a morosos de El Paraíso, otra cuadrilla hizo lo propio en su lujosa residencia de San Pedro Sula, donde tenía un pegue directo.
El funcionario explicó que tenía permiso de la gerencia regional de la Enee, pero resultó que ningún funcionario había firmado tal autorización.
“Hay muchos aspectos irregulares, está plenamente confirmada la conexión directa, luego surgió el problema de la documentación y que en la Enee lo desmintieran. Así que no sólo es la conexión ilegal sino que el sustento que presentó sería irregular”, dijo Ayala.
Agregó que así como se hizo en el caso de Leonor Meza, directora del Instituto de Formación Profesional, Infop, que se le suspendió mientras se le investiga, lo que indica la lógica, la ética, la moral y la transparencia es que se suspenda a Valenzuela mientras se le investiga.
Qué autoridad moral tiene el Gobierno si procede contra las conexiones irregulares y al ministro en vez de suspenderlo el Presidente lo defiende y justifica.
Desde su cargo él podría maniobrar para salir bien librado.
“El Congreso no puede pedir la suspensión, pero si presentar una manifestación verbal expresando la irregularidad y al final excitar al Presidente a actuar, además este señor ha publicado campos pagados en los medios de comunicación aclarando el asunto, quiere decir que está utilizando fondos que no creo que sean de su bolsa...”.
Ayala cuestionó también que el ministro haya usado un helicóptero para trasladarse a Danlí a hacer los cortes, recuperando menos de lo que gastó en su viaje.
El fiscal contra la corrupción, Henry Salgado, dijo que no ha iniciado ninguna investigación al respecto porque el caso se subsume en el campo administrativo, por lo que debería ser el Tribunal Superior de Cuentas el que rinde un informe al respecto.
Reacción
El presidente Zelaya volvió a defender a Valenzuela ayer en la reunión que evaluaba la operación.
