El Poder Ejecutivo decretó en junio emergencia para comprar 200 millones de lempiras en medicamentos; sin embargo, documentos en poder de LA PRENSA establecen que a las autoridades de Salud se les informó tras asumir su cargo que deberían empezar la licitación pública para comprar a precios más bajos.
Se hizo caso omiso a la petición hecha y justamente en el tiempo en que debería estar terminando la licitación, se recurre al tradicional y cuestionado método de las compras directas.
No sólo es la falta de planificación la que impide hacer las compras mediante licitación, sino que además quienes hacen los pedidos de medicamentos son personal de bodegas sin conocimiento de las urgencias sanitarias y de nuevos medicamentos que se deberían adquirir para sustituir a otros que ya no le hacen ningún efecto a los males de la población.
LA PRENSA ha dejado al descubierto en esta serie el abuso de las autoridades en decretar emergencias para obviar los procesos de licitación. Sólo en el gobierno del ex presidente Mel Zelaya se gastaron en emergencias no justificadas más de seis mil millones de lempiras.
Los diputados y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, son del criterio que se debe derogar la Ley de Contratación del Estado, y en todo caso crear una nueva con mecanismos que eviten el despilfarro y la corrupción.
El caso en Salud es tan importante porque ha tenido que recurrir hasta organismos internacionales para hacer sus compras de una manera transparente. Luego se creó una comisión interinstitucional y en este Gobierno ambas instancias no parecen importar para las compras.
Desde 2002, el gobierno de Ricardo Maduro tomó la decisión de traspasar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, el proceso de adquisición de medicamentos, para evitar actos de corrupción en el Estado con la compra y así fomentar la transparencia; pero este organismo devengaba el 3.5% de los recursos asignados para el manejo administrativo de los mismos.
En el proceso, la Secretaría de Salud tuvo a su cargo el procedimiento técnico, desde la programación de necesidades hasta la distribución, por lo que el Pnud sólo hacía la parte administrativa.
A partir de un análisis, una de las ventajas del proceso fue la agilidad en el pago a los proveedores; pero hubo problemas de transparencia en la adjudicación, pues las propuestas de los oferentes no eran públicas. Otra disyuntiva fue la compra de algunos productos que, a criterio de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, no eran los adecuados o los necesarios.
El ex ministro de Salud Orison Velásquez (Q.D.D.G) fue quien determinó usar otro mecanismo de compra diferente al Pnud.
A finales del gobierno de Maduro, en 2006, no se previó licitación y el desabastecimiento de medicamentos fue del 60%.
En ese sentido el gobierno de Zelaya, en 2006, declaró estado de emergencia autorizando 156 millones de lempiras en compras directas, con la observación de la sociedad civil, a través de organismos como Conadeh, Fonac, Colegio Médico y otros.
De esos 156 millones de lempiras quedó un remanente de 30 millones, indicando que la compra había sido incompleta y nuevamente quedaron desabastecidos hospitales y centros de salud.
Para enfrentar la nueva crisis, mediante el decreto ejecutivo PCM 24-2006, se autorizó la compra urgente de medicamentos por medio del procedimiento de contratación directa, hasta por el monto dejado de utilizar en la compra de emergencia anterior y una licitación privada hasta por 350 millones de lempiras.
Para las compras se creó una comisión interinstitucional, conformada esta vez por la Iglesia Católica, por medio de la arquidiócesis de Tegucigalpa, el Foro Nacional de Convergencia, Fonac, el Foro Nacional del Sida, Fonasida, el Colegio Médico de Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA.
Sus facultades eran revisar las bases de la licitación privada, elaborar documentos de compra, girar invitaciones a las empresas seleccionadas para participar en la licitación privada, recibir ofertas, proponer la adjudicación de las compras y una vez efectuada la misma por la Secretaría de Salud intervenir en la supervisión de la recepción y distribución de los medicamentos.
Recomendaciones
Traspapelados en la Secretaría de Salud, LA PRENSA encontró además documentos de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos, Cim, la cual se encargó de las compras de medicamentos en el Gobierno anterior. Éstos tienen una serie de recomendaciones para la licitación, a inicios de este año, de unos 416 medicamentos y así evitar las compras directas que justamente ahora está haciendo Salud.
Entre otras, éstas fueron las recomendaciones: licitación pública de medicamentos del año 2010, reforzar el proceso de programación de medicamentos para que ésta refleje las necesidades reales de medicamentos del país, reestructuración de la Unidad Técnica de Suministro de Medicamentos, y utilizar el convenio para la distribución de medicamentos con las Fuerzas Armadas.
Además quedó proyectada la integración del rograma informático de control de inventarios con el nivel central de la Secretaría de Salud, mejoras estructurales del almacén central de medicamentos y vigilancia y supervisión de la sociedad civil al proceso de gestión de medicamentos.
Según fuentes consultadas, las recomendaciones se le entregaron personalmente al ministro de Salud, Arturo Bendaña.
El ministro aseguró a LA PRENSA que no tenía ninguna recomendación o sugerencia en su poder para una licitación; es más, dijo que la CIM no puede recomendar, sólo supervisaba las compras.
El abogado Raúl Matamoros, secretario general la Secretaría de Salud, buscó también en sus archivos y dijo no haber recibido ninguna programación de compras para 2010; aunque sí admitió que había una, pero que fue recibida por el ex ministro Mario Noé Villafranca.
“Desconozco que haya algo sobre las compras a este Ministerio, lo que sabemos es que el anterior ministro debió empezar la licitación pública desde octubre del año pasado y no lo hizo. Nosotros analizamos toda la información y el abastecimiento de hospitales y decidimos decretar un abastecimiento de emergencia para los hospitales”.
“Posiblemente enviaron algún documento, pero no lo tenemos; pero la decisión se tomó. Recuerdo que en el Gobierno anterior las emergencias fueron la práctica común, y hablar de entrada de un abastecimiento así iba a ser muy cuestionado. La verdad, casi todo en el Gobierno anterior se compró de emergencia”, añadió.
Organización Mundial de Salud advierte corrupción con compras
A partir de un informe de la Organización Mundial de la Salud, los tres billones de dólares que en el mundo se gastan anualmente en servicios de salud constituyen un poderoso reclamo para la corrupción.
Los expertos calculan que entre un 10% y un 25% del gasto público mundial en adquisición de medicamentos se pierde en el dédalo de la corrupción.
El hecho de absorber recursos que podrían haber servido para salvar vidas si se hubieran dedicado a adquirir medicamentos esenciales o a contratar a personal médico supone un atraco a la salud de millones de personas, habitantes de algunos de los países más pobres del planeta.
Según el informe, y con un afán de atajar la corrupción, la OMS, rigiéndose por su estrategia farmacéutica 2004-2071, puso en marcha desde 2004 un programa de “Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico”, BGSF, destinado a reducir la corrupción en las estructuras del sector farmacéutico con la aplicación de procedimientos administrativos transparentes y responsables y la promoción de prácticas éticas entre los profesionales de la salud.
Conforme al Banco Mundial, la corrupción es el más importante de los factores que dificultan el avance hacia el desarrollo económico y social.
El programa de “Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico” imprimirá tanto más dinamismo a la lucha contra esta lacra cuanto más se impliquen en la empresa los profesionales de la salud pública de los ministerios de Salud y organismos nacionales de reglamentación farmacéutica.
Detectan fallas hasta en control de medicamentos
En un informe de evaluación del control interno del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, detectaron por ejemplo que algunos medicamentos ingresan directamente a la bodega mayor sin haber sido revisados, esta labor se efectúa en fecha posterior con el riesgo de que sea distribuida sin haber sido revisada ni haberle efectuado el análisis clínico respectivo.
Además que la jefatura del almacén central recibe instrucciones de los administradores de los hospitales solicitándoles medicamentos por teléfono, argumentado una emergencia y autoriza los envíos, tomándose atribuciones diferentes a la administración del almacén con el riesgo de que se entreguen medicamentos que aún no han sido analizados por el laboratorio oficial.
Otra irregularidad encontrada fue que los laboratorios que suministran medicamentos a la Secretaría de Salud mantienen permanentemente personal en las instalaciones del almacén central argumentando que supervisan la revisión de los medicamentos entregados y que tienen una cantidad extra por cualquier faltante que se diera.
Esta situación es anormal tomando en consideración que las bases de la licitación deben establecer claramente que en caso de existir faltante en la entrega de medicamentos se le comunicará al proveedor para que reponga el producto.
