El informe de junio de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la CVR (Comisión de la Verdad y Reconciliación) revela que en Honduras no hay interés en cumplir lo pactado tras la entrega del informe que marcó el final de la crisis política.

De las 84 recomendaciones que formuló la CVR, solo 13 se han ejecutado; eso se considera preocupante por el alto porcentaje de morosidad y desinterés, refiere el informe de la unidad que depende de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Les falta cumplir 71.

Las recomendaciones en algunos casos son reformas planteadas de la legislación nacional.

Las más urgentes que se requiere aplicar tienen que ver con el ámbito constitucional, pero de las 13 recomendaciones llevadas a cabo, solo tres están relacionadas con modificaciones de la Carta Magna.

Las modificaciones hechas son la del artículo 5 de la Constitución de la República, que permite el plebiscito y referéndum, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (o Judicatura) y la derogación de la Ley de Estado de Sitio.

Existen otras 20 recomendaciones en el ámbito constitucional sobre las que hay pocos avances, como la creación de un tribunal de justicia constitucional como instancia para dirimir conflictos entre los poderes del Estado. Esta semana se hará un debate de una propuesta de ley que elabora el diputado Oswaldo Ramos Soto acerca de la creación de esta instancia de juzgamiento.

Otro aspecto de vital importancia que propuso la CVR y que no se ha puesto en práctica es el de aprobar una regulación para enjuiciar a los gobernantes y así evitar una crisis social como la de 2009 con el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya.

“Es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos”, dice el punto dos de las recomendaciones.

Pide agilidad

Rolando Sierra, coordinador de la Unidad de Seguimiento, coincide en que deben apresurarse las acciones para proteger la Constitución de interpretaciones y aplicaciones que conlleven a un nuevo conflicto social.

“Hay menos avances en el ámbito constitucional y son fundamentales, de urgencia; son las recomendaciones principales para que el Estado cuente con las herramientas para resolver una crisis como la de 2009”, expresó.

La premura para que estas reformas se hagan en este momento es porque una vez aprobadas por el Congreso Nacional este poder tiene que ratificarlas en una siguiente legislatura, por lo que si no se hacen este año, se corre el riesgo de que la decisión quede en manos del siguiente gobierno.

Otros incumplimientos en la reforma de la Ley Fundamental son los relacionados con el procedimiento de interpelación de los funcionarios, la eliminación de cualquier función política de las Fuerzas Armadas y prorrogar el Presupuesto de Egresos e Ingresos de un año cuando el Poder Ejecutivo se atrase en mandar el anteproyecto de esa norma.

Informe

La CVR presentó en junio de 2011 su informe Para que los hechos no se repitan, una visión sobre los acontecimientos en torno a la crisis política de 2009 que orilló la salida de Manuel Zelaya del poder de la nación.

La CVR calificó ese acto como “golpe de Estado al Ejecutivo” y presentó 84 recomendaciones y cuatro sugerencias orientadas a mejorar el marco jurídico nacional en materia constitucional, derechos humanos, seguridad, lucha contra la corrupción y cuatro tópicos más.

ALGUNAS RECOMENDACIONES por cumplir

• A. Reformas legales para delimitar el delito de traición a la patria.

• B. Reforma legal para que el Ministerio Público vuelva a contar con un cuerpo de investigación propio.

• C. Investigar al Comisionado de los Derechos Humanos para determinar su cumplió sus obligaciones durante la crisis.

• D. Evaluar la capacidad de gestión de la Fiscalía de Derechos Humanos.

• E. Creación de una ley de audiencias públicas para escoger funcionarios.

• F. Fortalecer el régimen de la carrera del Ministerio Público para que actúen con mayor independencia.

• G. Modificar proceso de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y directores del Registro Nacional de las Personas.

• H. Exigir que la Ley de Transparencia se cumpla y no sea usada como instrumento político que contravenga su propósito original.

• I. Reparación de daños a las víctimas de la crisis de 2009.

• J. Revisar el reglamento o protocolo de la Policía Nacional sobre el uso de gases lacrimógenos.