Tegucigalpa, Honduras.
La aprobación de la reforma penal que tipifica la quema de buses como delito de terrorismo llega en un momento oportuno, cuando los cuerpos de seguridad del Estado cuentan con información de que grupos criminales dedicados a la extorsión se aprestaban a dar el siguiente paso en su campaña de terror al pretender incendiar una unidad del transporte con sus pasajeros adentro.
A lo anterior se sumó el éxodo forzado de miles de familias salvadoreñas de sus hogares por la presión de las pandillas que operaban en sus barrios y colonias.
En 2006, El Salvador aprobó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y en agosto de 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas y sus colaboradores como grupos terroristas que actúan al margen de la ley.
Desde entonces, y entre 2015 y 2016, la justicia del vecino país condenó a más de 200 pandilleros por terrorismo, extorsión y otros delitos conexos.
Datos oficiales establecen que en el Triángulo Norte se registraron en los últimos años más de 550,000 desplazados a causa de la violencia, de los cuales 30,000 corresponden a Honduras, 348,000 a Guatemala y 172,000 restantes en El Salvador.
Mismo patrón
De acuerdo con un informe proporcionado por el Gobierno, Honduras comenzó a experimentar una situación o un patrón similar al salvadoreño en los últimos años con la quema de buses, masacres, cuerpos embolsados y el asesinato de agentes de la Policía Militar, de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). De hecho, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) divulgó el martes pasado una circular en la que pide a sus agentes tomar las medidas de seguridad ante una posible ola de atentados contra agentes de las fuerzas policiales y militares.
Al respecto, el presidente Juan Orlando Hernández indicó que existe evidencias de cómo en El Salvador se vivió el mismo patrón criminal que se empieza a ver en Honduras, por lo que es urgente adoptar medidas para evitar que se profundice esa situación.
En ese sentido, resaltó que en El Salvador las fuerzas políticas mandaron un mensaje contundente cuando aprobaron penas más fuertes contra las personas que cometen actos terroristas, principalmente los miembros de las pandillas.
El mandatario indicó que las reformas penales buscan adelantarse a lo que ocurrió en el vecino país y que debe haber contundencia, sino esa gente no va a retroceder.
La aprobación de la reforma penal que tipifica la quema de buses como delito de terrorismo llega en un momento oportuno, cuando los cuerpos de seguridad del Estado cuentan con información de que grupos criminales dedicados a la extorsión se aprestaban a dar el siguiente paso en su campaña de terror al pretender incendiar una unidad del transporte con sus pasajeros adentro.
| La reforma penal
La reforma del artículo 335 del Código Penal establece que comete delito de terrorismo quien realice cualquier acto destinado a causar la muerte, lesiones graves, incendios y estragos contra un ciudadano y su propiedad
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Las agencias de inteligencia y seguridad tienen en su poder una grabación en la que los extorsionadores amenazan a una de sus víctimas con proceder a prender fuego una de sus unidades con sus inocentes pasajeros dentro, si no accedía a pagar el “impuesto de guerra”; sin embargo, ya se han tomado las medidas pertinentes a fin de neutralizar cualquier acción de los criminales en ese sentido.
Un hecho similar se consumó en junio de 2010 en San Salvador, El Salvador, cuando pandilleros prendieron fuego a una unidad del transporte público y cerraron las puertas para que las 14 personas que iban dentro se calcinaran.
Analistas de inteligencia que han estudiado el fenómeno salvadoreño, indicaron que el vecino país sufrió entre 2006 y 2016 una escalada criminal y terrorista de las maras que se tradujo en cientos de asesinatos, encostalados, masacres, quema de buses, paros del transporte público ordenados por las pandillas, explosión de coches bomba en instituciones públicas y el asesinato de policías.
| 50
Años de prisión
Es la pena máxima que se le aplicará a las personas o miembros de grupos criminales que cometan un acto de terrorismo
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A lo anterior se sumó el éxodo forzado de miles de familias salvadoreñas de sus hogares por la presión de las pandillas que operaban en sus barrios y colonias.
En 2006, El Salvador aprobó la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y en agosto de 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas y sus colaboradores como grupos terroristas que actúan al margen de la ley.
Desde entonces, y entre 2015 y 2016, la justicia del vecino país condenó a más de 200 pandilleros por terrorismo, extorsión y otros delitos conexos.
Según analistas en materia de seguridad, la tipificación de las actividades de las pandillas en el ámbito del terrorismo ha sido positiva porque ha contribuido a judicializar y condenar con mayor facilidad a los mareros.
| Sépalo
1. Terrorismo
El delito de terrorismo también se aplica a cualquier persona o personas que formen parte de asociaciones ilícitas y realicen acciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de actos violentos o amenaza de cometerlos, alterar la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o parte de ella para obligarla a realizar un acto o abstenerce de hacerlo
2. Extorsión
Comete el delito de extorsión quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros
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Mismo patrón
De acuerdo con un informe proporcionado por el Gobierno, Honduras comenzó a experimentar una situación o un patrón similar al salvadoreño en los últimos años con la quema de buses, masacres, cuerpos embolsados y el asesinato de agentes de la Policía Militar, de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). De hecho, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) divulgó el martes pasado una circular en la que pide a sus agentes tomar las medidas de seguridad ante una posible ola de atentados contra agentes de las fuerzas policiales y militares.
Al respecto, el presidente Juan Orlando Hernández indicó que existe evidencias de cómo en El Salvador se vivió el mismo patrón criminal que se empieza a ver en Honduras, por lo que es urgente adoptar medidas para evitar que se profundice esa situación.
En ese sentido, resaltó que en El Salvador las fuerzas políticas mandaron un mensaje contundente cuando aprobaron penas más fuertes contra las personas que cometen actos terroristas, principalmente los miembros de las pandillas.
El mandatario indicó que las reformas penales buscan adelantarse a lo que ocurrió en el vecino país y que debe haber contundencia, sino esa gente no va a retroceder.
