La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Laboral, trabaja con la Secretaría de Finanzas la forma de modificar el proceso para que sean las instituciones que paguen las demandas perdidas que le toca pagar a la Tesorería del Estado.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, informó que los montos que el Estado de Honduras esté obligado a pagar por demandas laborales o contractuales, deberán ser cancelados por las secretarías e instituciones donde se originen.
La medida es en vista de que la suscripción de contratos y despidos de personal generan demandas millonarias que deben ser canceladas por la Tesorería General de la República.
El objetivo, señaló Duarte, es buscar procedimientos directos y correctivos que permitan establecer que en casos de demandas millonarias contra el Estado de Honduras no se afecte la caja única de la Tesorería General.
Con la medida se pretende que los funcionarios que manejan las instituciones estatales se preocupen por aplicar los mecanismos concretos cuando se firmen contratos o se despidan personas.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), su inventario general de sentencias definitivas desfavorables en 2010, 2011 y 2012 sumó L522.3 millones y 27,500 dólares, que el Estado ha tenido que pagar por esas demandas perdidas. Malos procesos en los despidos y mal manejo en los mecanismos de pago han llevado a exempleados, empleados y miembros de la empresa privada a demandar al Estado.
Aunque solo 116 casos de 508 ganó en los últimos tres años la PGR, con ellos se ha evitado pagar más de L750 millones también en el área de lo contencioso administrativo, donde más se demanda al Estado internamente.
La PGR informó que actualmente litiga en los juzgados con 1,744 demandas activas interpuestas en su mayoría a título personal por los demandantes.
La mayoría de demandas que el Estado recibe son en el ámbito laboral, ya que en todo el aparato estatal se realizan despidos injustificados, se dejan de pagar prestaciones o bonificaciones y es allí donde los afectados acuden al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde en su mayoría son beneficiados tarde o temprano.
