En conferencia de prensa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, presentó un pliego de recomendaciones para evitar que se profundice la problemática energética en el país.
Para los empresarios, la salida a la crisis energética que vive el país es cuestión de matemática simple: la fórmula sería reducir gastos, ejecutar cobros y promover las inversiones público-privadas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE.
Uno de los principales puntos fue la necesidad de focalizar los subsidios y mantenerlos como parte de la política social del Gobierno y no de la ENEE.
“La empresa no aguanta, no es una empresa de beneficencia, los programas sociales deben manejarse a través del Gobierno Central, si 600,000 abonados van a ser subsidiados, es imposible que la empresa pueda cargar con eso cuando sus costos de producción, generación, transformación y costos operacionales siguen creciendo”, expresó Santiago Ruiz, presidente del Cohep.
De acuerdo con los empresarios, el subsidio representa para la ENEE unos 700 millones de lempiras anuales. “El hecho es que la empresa no debe asumir el subsidio, sino que el Gobierno dentro del presupuesto debe buscar los recursos para asumir ese gasto”, recalcó Ruiz.
Molestos apagones
El Cohep dejó establecido que el Gobierno subsidia 560,000 contadores (hasta 100 kilovatios), donde se incluyen personas con capacidad adquisitiva para cancelar el consumo real.
En torno al ajuste por combustible que aplicó recientemente la ENEE a sus abonados, los empresarios aseguran que ese “trancazo” al bolsillo de los consumidores se puede disminuir con una mejor administración.
“El ajuste por combustible puede reducirse si se controlan las pérdidas que en este momento superan el 27% de las ventas de la empresa”, comentó Eduardo Facussé, miembro del Cohep.
Los empresarios aseguraron que el desarrollo económico del país se ha visto impactado negativamente en los últimos días, debido a las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica, sumado a los problemas financieros e institucionales que presenta la ENEE. Ello crea una situación crítica para el futuro productivo y la calidad de vida de sus habitantes.
Lo peor está por venir
Aunque no revelaron las cifras de pérdidas que reportan los negocios, industrias y sectores productivos, aseguraron que esta situación es insostenible.
Según análisis de los empresarios, el hecho de que la ENEE registre pérdidas de 27% significa que la estatal pierde prácticamente la generación eléctrica que se produce en “El Cajón”, Cañaveral y El Níspero. “La situación se va ir agravando, y eso que estamos en invierno, en verano la situación será más grave. Los que más están sufriendo son los pequeños empresarios”, recalcó Ruiz.
Recomendaron ampliar el Gabinete Energético integrando a otros sectores nacionales, para que sea el rector de la política energética del país con decisiones vinculantes y facultades suficientes para ejecutar el Plan de Nación.
Manifestaron que es urgente implementar un programa de recuperación de la mora existente, reducir el componente de pérdidas técnicas y no técnicas del Sistema Interconectado Nacional, SIN, y la reducción de personal supernumerario de la estatal eléctrica, que le permita obtener recursos para la inversión en proyectos del sector eléctrico.
TSC investigará si urgía decreto
El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, investigará si existe alguna justificación legal para que el Gobierno aprobara un decreto de emergencia energética.
Recientemente se publicó en La Gaceta el acuerdo ejecutivo PCM 0051-2011, que autoriza a la ENEE ejecutar todas las acciones pertinentes que resuelvan la crisis energética en Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Colón y Yoro.
El decreto autoriza contratos directos para compra de energía térmica. Asimismo, la construcción de obras públicas y suministro de bienes, entre otras.
“El decreto de emergencia tiene que traer una justificación, debe de estar consignado el porqué se habla de una compra directa de energía en la ENEE, debe establecerse claramente la justificación”, expresó la secretaria general del TSC, Alva Rivera.
La Ley de Contratación del Estado ya establece en qué momento se debe emitir un decreto de emergencia. Por tanto, el TSC constatará si el Gobierno respetó esta ley.
“A lo que le vamos a dar seguimiento es a la compra, a cómo van a ejecutar ese decreto Ejecutivo en el cual les autorizan la compra directa, es ahí donde entramos como ente contralor a ver si se siguió el debido procedimiento que se estableció en el decreto Ejecutivo”, expresó. Se constatará si existe transparencia.
