El Congreso Nacional dejó afuera la aprobación de un contrato de energía renovable que pretendía entubar el cauce del río Cangrejal en La Ceiba.
La discusión en primer debate de los 46 contratos de suministro de energía renovable ha puesto al descubierto que muchas de las empresas ganadoras de la licitación no cuentan con licencias ambientales o las tienen con firmas falsificadas.
El Congreso Nacional empezó el jueves anterior la aprobación de 46 contratos empaquetados en un solo decreto, dejando en libertad de los diputados debatir artículo por artículo, lo que permitirá dejar en suspenso la aprobación de cualquiera de los contratos.
Por el momento, el dictamen objeto de aprobación ya dejó afuera el contrato de suministro 088-2010, suscrito el 8 de junio del año en curso, entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la Empresa Hydro Honduras SA.
Dicha empresa vendería a la Enee toda la potencia y energía mensual generada por la planta hidroeléctrica Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, con una capacidad instalada total de cuarenta mil kilovatios (40,000 kw).
Dicho contrato, por el momento, quedó fuera del paquete debido a que entre los planes de la compañía está entubar gran parte del cauce del río Cangrejal, algo no permisible porque lo prohíbe la ley y porque causaría un conflicto social con las comunidades, explicó uno de los diputados dictaminadores.
Concesión de ríos
Vecinos de Esparta, San Francisco, La Masica y otros municipios del departamento de Atlántida, agrupados en la Red para la Defensa de los Recursos Naturales, manifestaron en una carta dirigida a la cámara legislativa que no se oponen a la generación de energía limpia, pero no están de acuerdo con la concesión de los ríos en esa región del Caribe.
Denunciaron la amenaza de quedarse sin recursos naturales, sobre todo porque ocho ríos han sido concesionados hasta por 30 años para construir represas hidroeléctricas.
Ante los cuestionamientos, el vicepresidente del CN, Ramón Velásquez Názar, dijo que es oportuno escuchar estas denuncias porque al parecer algunos de estos proyectos no fueron lo suficientemente socializados.
En consecuencia, dijo que un mecanismo sería suspender la discusión y aprobación de contratos que no han sido cien por ciento socializados, se enfrentan a problemas legales como la falta de requisitos ambientales o son investigados en la fiscalía por haber obtenido licencias con firmas falsificadas.
El diputado Sergio Castellanos presentó documentos en la cámara que revelan casos en que los empresarios utilizaron las firmas que algunos vecinos estamparon para otros eventos y ahora pretenden hacer creer que con ellas avalan los proyectos de energía socializados en la zona y con los que la población no está de acuerdo.
“Estamos preocupados porque la represa en el río San Juan ya comenzó sin haberse hecho el estudio de impacto ambiental. Según sabemos, van a romper un cerro con un túnel de kilómetro y medio”, manifiesta en una carta a los diputados Marcos Ayala, el cura párroco de la iglesia San Juan Bautista de San Juan Pueblo, Tela, Atlántida.
Las 46 plantas generadoras de energía por métodos renovables producirán 655.23 megavatios.
Todos estos contratos fueron licitados y suscritos por el gobierno anterior y ratificados por el de Porfirio Lobo Sosa, se asegura, cumpliendo las disposiciones de la Ley Marco del Subsector Eléctrico y siguiendo las bases de la licitación pública internacional No 100-1293-2009.
El pleno de la cámara opina que se necesita precisar las obras de infraestructura, tarifas especiales que se fijen para centros educativos públicos y centros de salud de las comunidades aledañas a las centrales de generación eléctrica renovable.
