Considerado el humedal más grande de Mesoamérica, el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, al norte de Guatemala, ha comenzado a agonizar debido al deterioro de sus recursos por las invasiones, extracciones petroleras y la penetración del narcotráfico.
A este complejo de bosques estacionalmente inundados, con ríos de corriente lenta, pantanos, lagunas permanentes, hábitats de la mayoría de vertebrados, han llegado a asentarse familias cuya principal actividad es el cultivo de maíz, fríjol, la caza y la pesca, pero también narcoganaderos que destruyen los bosques.
Uno de los principales detonantes de impactos negativos es la actividad petrolera, aunque todavía el 75 por ciento de esa área protegida se halla en buen estado, según la conclusión de una misión de la Convención Ramsar, acuerdo internacional especializado en humedales, llamado así por haberse firmado en la ciudad iraní de Ramsar.
Actividades ilegales
Las tres cuartas partes del parque conservan su riqueza hídrica y biológica, pero la situación es compleja debido a la existencia de comunidades, incendios forestales y otras actividades ilegales. Éstas fueron las conclusiones a que llegó el 14 de mayo la consejera para las América de la Convención Ramsar, María Rivera, tras visitar ese parque. Anunció que enviará un informe al Gobierno con sus recomendaciones.
En 1998, la Convención Ramsar le recomendó al Estado que no amplíe las licencias de contratos petroleros en esa región. Según Rivera, el PNLT es el único humedal de América Latina que tiene una industria petrolera en su interior.
El parque es una de las áreas bajo administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Conap; fue creado el 30 de enero de 1990 y reconocido como el humedal más importante de Guatemala por la Convención Ramsar.
Ubicado en el municipio de San Andrés, en el departamento norteño de Petén, uno de los últimos pulmones ambientales de América, el parque está incluido en la denominada zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, RBM. La existencia de la empresa francesa Perenco, que extrae petróleo en una zona del PNLT, causa mayores críticas de las organizaciones ecologistas, que le atribuyen a la compañía la destrucción de sus bosques.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, sostiene que la actividad petrolera “no le ocasiona daños al medio ambiente” y atribuye el deterioro del parque a la penetración del narcotráfico y a la invasión de tierras protagonizada por campesinos que buscan lugares para cultivar.
Difícil decisión
Colom se encuentra en una disyuntiva. Mientras unos están a favor de prorrogar la licencia de explotación petrolera a Perenco, que ya lleva 25 años en el lugar, el titular de Ambiente, Luis Ferraté, se opone a ello pues asegura que, por haberla proclamado área protegida en 1990, se debe cumplir la Ley de Ambiente, pero la cartera de Energía quiere evitar que, con la salida de Perenco, el Estado deje de percibir unos $250 millones anuales en regalías e impuestos por la extracción de unos 4.5 millones de barriles de crudo.
La empresa se ha defendido y su gerente de seguridad industrial, Antonio Minondo, asegura que el efecto de su actividad es “irrelevante” comparado con los daños que han ocasionado los invasores, porque la compañía sólo ocupa el 0.3% de la superficie del parque.
“El verdadero riesgo para la reserva natural lo constituyen los invasores, que queman grandes extensiones de terreno para la crianza de ganado y la agricultura”, defiende Minondo. “Al sobrevolar el área se puede observar que hay fincas gigantescas y es cierto que entre el 30 y 50% de la reserva está invadida”, sostiene el directivo de la petrolera.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas parece tener abandonado el parque y se muestra incapaz, quizá por falta de recursos económicos o por ser un área gigantesca, de velar por su protección.
Un estudio del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, Iarna, de la Universidad Rafael Landivar, señala que el PNLT cuenta con 14 de los 17 ecosistemas naturales que han sido identificados dentro de la RBM, además de una significativa cantidad de sitios arqueológicos.
El estudio señala que, entre 1986 y 2005, sólo el 9.15% de la RBM ha sufrido modificaciones, lo que significa que la tasa de deforestación en esa región corresponde al 2.9% anual y que sólo el 7.3% de la extensión del parque presenta señales inequívocas de intervención humana.
