24/09/2022
08:04 PM

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Diputado Mauricio Rivera se presenta ante el juez por primera vez

Tráfico de influencias, usurpación, tratos crueles y degradantes contra funcionarios, daños y perjuicios a un inmueble estatal son los cargos que enfrenta.

Tegucigalpa, Honduras.

104 días después de haber encabezado una serie de protestas violentas frente a instalaciones de la sede de Ciudad Mujer en Tegucigalpa, el diputado por Choluteca Mauricio Rivera acudirá este martes a su primera audiencia judicial.

En el caso contra Rivera, congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), la magistrada Rina Auxiliadora Moreno funge como juez natural. La audiencia inicial había sido programada para el 26 de julio, pero había sido aplazada.

Rivera, según las denuncias, buscaba que allegados integraran la entidad.

A Mauricio Rivera se le imputan los delitos de tráfico de influencias, usurpación, tratos crueles y degradantes contra funcionarios, daños y perjuicios a un inmueble estatal

INCIDENTE

El incidente se suscitó el 4 de mayo pasado cuando el congresista, acompañado de sus simpatizantes y a la vez miembros de Libre apedrearon el edificio de Ciudad Mujer, quemaron llantas y profirió insultos contra las autoridades de la entidad en un reclamo violento por una plaza laboral.

CONSECUENCIAS

Rivera, quien se desempeñaba además como presentador de noticias en el canal Une TV, fue despedido de su cargo.

El funcionario del Legislativo es acusado de tráfico de influencias, usurpación, tratos crueles y degradantes contra funcionarios públicos y daños y perjuicios a un bien inmueble estatal.

El Código Penal vigente señala una pena de entre uno y cuatro años de prisión más una multa por el delito de violencia contra la mujer. Por el delito de tráfico de influencias impone un castigo de dos a cinco años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.

Además, por el delito de coacciones establece una pena de prisión uno a tres años o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de 180 a 360 días. Esta normativa castiga a quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, debe ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de 180 a 720 días si la cuantía del daño excede de cinco mi lempiras.