Aunque el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, emitió reparos por 124.8 millones de lempiras contra ex funcionarios de la Empresa Nacional Portuaria, de los cuales 91 millones son de la administración Zelaya Rosales, las irregularidades tienden a ser mayores y empiezan a descubrir la podredumbre, mafias, tráfico de influencias y corrupción en la estatal.
El TSC anunció ayer que los reparos presentados son solamente la primera parte de un informe “A”, por lo que falta conocer un informe “B”.
“Ya se tiene a nueve funcionarios notificados, conociendo los pliegos de responsabilidad que se les ha sustanciado por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Son funcionarios con rangos de gerente que estuvieron en los períodos cuando se practicó la auditoría que abarca del 1 de julio de 2006 al 31 de agosto de 2009. La totalidad de la investigación refleja 124 millones de lempiras”, dijo Alba Rivera, secretaria general del TSC.
Pero además se conoció que la Fiscalía contra la Corrupción intervino, desde hace una semana, a la ENP e investiga otros actos que tienen relación con otros hechos irregulares publicados por LA PRENSA en ediciones anteriores. En el foco principal de las investigaciones está la emisión irregular de cheques desde la Portuaria y sobrevaloración de obras y contratos a proveedores.
Los cheques
Una fuente vinculada a la investigación explicó que se está inspeccionando documentación por pagos hechos por supuestas obras en las instalaciones portuarias de Puerto Cortés, Trujillo, La Ceiba y San Lorenzo.
Las investigaciones apuntan a una serie de irregularidades durante la administración de Roberto Micheletti.
Los cheques emitidos son por cantidades comprendidas entre 160,000 y 200,000 lempiras, cifras consideradas por la Fiscalía como exageradas, puesto que las obras referenciadas no requerían dichos recursos e incluso muchas de ellas no se efectuaron.
Las evidencias del MP dejan entrever que se utilizó a particulares para cobrar las fuertes cantidades de dinero, sin que estas personas tuvieran que ver con los procesos de reparación que presuntamente se realizaban.
Vicente Reyes, asistente fiscal y analista de investigación, dijo a LA PRENSA que se están revisando además todos los procesos de licitación que se desarrollaron en 2009, que corresponden al período en el que fungió Iván Matute como subgerente y gerente.
“La información auditada no se puede dar a conocer. Se tienen denuncias de que la ENP no cumplió a cabalidad con los procesos de licitación, se va a citar a los ofertantes y los que ganaron para determinar si se adjudicaron correctamente”, dijo Reyes.
También se hace una supervisión de campo inspeccionando obras de infraestructura que se desarrollaron y que aparentemente fueron sobrevaloradas, informó el ingeniero forense Fabio Augusto Carías. “Estamos investigando todo lo que tiene que ver con fallas en la construcciones de proyectos. Son obras civiles, ha habido algunas fallas y por eso me han ordenado investigarlo. Abarcan obras de 2009 y de años anteriores, no reflejan el valor real que debieron tener al momento cuando fueron construidas”, señaló Carías.
La comisión del Ministerio Público espera tener listo a finales de agosto un informe sobre las investigaciones que se están desarrollando.
Citarán a responsables
El Ministerio Público de la zona norte empezará a citar a ex personal de la administración pasada de la Portuaria para que declare, informó el fiscal de la Lucha contra la Corrupción, Marco Antonio Pineda López, quien ayer se trasladó a Puerto Cortés a recabar información.
“Estamos investigando un caso en específico debido a unas denuncias sobre malversación de caudales públicos. Abarcan a funcionarios responsables de otorgamiento de contratos por servicios y construcciones que se otorgaron a determinados contratistas.
Según las inspecciones que se han hecho, no coinciden lo que se hizo con el valor que se pagó. Hemos tomado una muestra simbólica de 30 contratistas porque son más. Estamos citando tanto a contratistas como a personal de la Portuaria”, señaló.
Las obras que se desarrollaron y fueron sobrevaloradas son reparaciones de paredes, pisos, pintura de edificios, e instalación de lámparas, que fueron ejecutadas en viviendas de la ENP, que son para ejecutivos de la empresa, según informes.
Maynor Pinto, actual gerente, señaló que él como máxima autoridad en esa institución “simple y sencillamente” les ha abierto las puertas a los organismos contralores del Estado para que investiguen y accedan a los distintos departamentos e información que requieran.
Sobre los casos de corrupción que se investigan, Pinto señaló: “Para nosotros es lamentable porque lo que hemos pretendido es adecentar y volver a lo insigne que ha sido la ENP, haciéndola una empresa sólida. Muchas veces ha sido maltratada, la han visto como una vaca lechera que a veces en vez de leche le sacan sangre. Pero para eso estamos nosotros, para que volvamos a hacer de la ENP una empresa orgullosamente trabajando para Honduras”.
El remolcador
En el caso de la administración Zelaya, llama la atención que el TSC hace referencia al proceso de licitación para la compra del remolcador Harry Brautigam, que está en el foco de los reparos emitidos por el TSC a los ex funcionarios de la ENP, especialmente a los de esa administración.
A tres ex gerentes, un ex subgerente, dos ex auditores, un ex asesor legal y un ex asistente del período Zelaya Rosales se les repara por 91.8 millones de lempiras.
Entre los funcionarios de la administración Micheletti se les repara por 12.7 millones de lempiras y a los vinculados a la administración Maduro se les repara por 10.3 millones de lempiras.
En general, la mayor causa de los reparos es el pago excesivo de propaganda y publicidad -en 10 de los 16 casos señalados- y por el crédito fiscal a Camosa, empresa que maneja los rayos gamma -en seis de los 16 casos señalados-.
Camosa aclara
Mediante un comunicado, representantes de la empresa Camiones y Motores, SA, Camosa, aclaran que en septiembre de 2005 suscribió con la Secretaría de Finanzas un contrato de prestación de servicios de inspección de carga en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortés.
“En un principio, la ENP, por su condición de entidad estatal, aceptó que el servicio prestado por Camosa no estaba sujeto al impuesto sobre ventas; por lo que no se aplicó dicho impuesto durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005”.
La empresa manifestó que “nuestro contrato se limita a la inspección de contenedores con rayos gamma y mensualmente se emite una factura a la ENP por el cobro de estos servicios, más el respectivo impuesto sobre la venta”.
Camosa mensualmente recibe el pago neto por los servicios prestados y una constancia de retención del impuesto sobre venta, “ya que la ENP es responsable de enterar directamente dicho impuesto al Estado. A partir de enero de 2006 y hasta la fecha, la ENP causa, retiene y paga mencionado impuesto a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI”. En relación con los señalamientos hechos por el TSC, Camosa concluye que “en ningún momento hemos recibido créditos fiscales ni pagos de publicidad o propaganda de la ENP o de ningún funcionario de dicha institución”.
