El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, frenó al Congreso Nacional en su intención de alquilar un edificio oneroso en San Pedro Sula porque el contrato de arrendamiento se hizo sin someterlo a licitación pública.
La polémica por el alquiler de un local en el barrio Río de Piedras, en la capital industrial, comenzó a inicios de marzo, cuando el diputado liberal José Azcona, quien forma parte de la comisión dictaminadora en ese caso, denunció que existían elementos para no aprobar dicho contrato porque se violaba el procedimiento que establece la Ley de Contratación del Estado.
Azcona dijo ayer que “si el TSC llegó a esa conclusión fue porque está basada en la legislación y confirma que el procedimiento no servía de base para la contratación. Ningún diputado incurrió en responsabilidad porque no se firmó contrato de alquiler”.
La determinación del TSC establece que por el monto del alquiler -cerca de 20 dólares el metro cuadrado- el procedimiento que usó el Congreso para el arrendamiento fue incorrecto.
Alquiler debe ser razonable
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, expresó que “di instrucciones a tiempo de que se investigara ese contrato y que inmediatamente se suspendiera el seguimiento”.
Agregó que “la sede del Congreso es necesaria, pero no podemos comprar un edificio, no tenemos presupuesto. Y de alquilar, sería un local con un valor razonable”.
Los diputados sampedranos por el departamento de Cortés, como Carlos Martínez y Welsy Vásquez, coincidieron en que “es urgente la apertura de una oficina del Legislativo porque muchos alcaldes no tienen acceso a un diputado ni saben cómo presentar un proyecto para su comunidad. Debe buscarse un lugar que vaya de acuerdo con la economía legislativa”.
Según el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo, “el presidente del Congreso dijo que debemos acatar la opinión emitida por el Tribunal. Siempre seguimos interesados en que exista una sede para atender las necesidades en la zona norte.
Pero ante la petición del TSC de que debe hacerse una licitación pública, tenemos que redactar todas las bases y después presentárselas a la junta directiva del Congreso para que al final determine si la presentamos al público este año o en 2012”, concluyó Chang Castillo.
