El Congreso mexicano, fragmentado entre los tres principales partidos, puso fin esta semana a seis años de parálisis legislativa y aprobó con una amplia mayoría dos reformas estructurales clave, pese a la oposición de los medios de comunicación audiovisuales y parte del empresariado.
De manera sincronizada, la Cámara de Diputados y el Senado dieron su aval a la creación de nuevos impuestos propuesta por el gobierno del derechista Felipe Calderón que le permitirá recaudar unos 125 mil millones de pesos (unos 11.130 millones de dólares) extra y a una reforma electoral que satisface las principales reclamaciones de la izquierda.
Las nuevas normas fiscales recibieron señalamientos en contra del sector privado en lo referente al establecimiento de una tasa mínima del 17,5% sobre la actividad empresarial. También la izquierda rechazó una reforma que impone un impuesto del 5,5% sobre la gasolina, otra del 2% sobre los depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos (2.200 dólares).
Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, izquierda, la segunda mayor fuerza del Congreso, no recurrió a tácticas que usó en el pasado para boicotear un dictamen, tomado con apoyo de los otros dos grandes partidos: el gobernante Acción Nacional, PAN, derecha, y el Revolucionario Institucional, PRI.
El líder de la izquierda mexicana, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, había pedido a los diputados de las formaciones políticas que le apoyan (el PRD y los minoritarios Convergencia y Partido del Trabajo) que recurrieran si fuera necesario a la 'resistencia pacífica' (que en su jerga equivalía ocupar la tribuna de oradores).
Un pequeño grupo de los congresistas aludidos terminó ocupando la tribuna con carteles pero no impidió el desarrollo normal del debate y la votación. Y es que simultáneamente el Senado estaba tramitando una reforma electoral que daba respuesta a muchas de las reclamaciones de la izquierda tras las presidenciales de 2006, en las que López Obrador denunció un fraude a favor de la derecha.
Las nuevas normas suponen la reducción a la mitad de los costos y la duración de las campañas electorales, prohíbe los mensajes proselitistas que denigren al rival y, quizás lo más relevante, impide la contratación directa tanto a partidos como a terceros de comerciales en radio y televisión.
Esta medida, celebrada por la izquierda después del bombardeo de spots contra su candidato en los pasados comicios, provocó la reacción de las radios y televisiones, que tienen en las campañas electorales una importante fuente de ingresos.
Las radios y el duopolio televisivo formado por Televisa y TV Azteca argumentaron un ataque a la libertad de expresión en un intento por lograr que no se aprobara la reforma. También los partidos pequeños se opusieron, al considerar que la normativa favorecía la institución de un sistema tripartidario.
Pero los legisladores de los tres grandes partidos se mostraron firmes y, apenas dos semanas después de haber pactado la reforma, la aprobaron por una gran mayoría en las dos Cámaras.'Lo que estamos haciendo es expulsar el poder del dinero, para (evitar) que quien más tiene dinero pueda comprar espacios en radio y televisión para influir indebidamente en un proceso electoral', justificó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.
Ahora, la reforma debe ser todavía aprobada por las asambleas legislativas de al menos 16 de los 31 estados, donde los medios pueden aún intentar frenarla.
Entretanto, Calderón se mostró feliz por los ingresos que obtendrá con la reforma fiscal (todavía pendiente de un trámite en el Senado y de la sanción presidencial). El mandatario agradeció a los legisladores por su 'responsabilidad' y su 'altura de miras' y se comprometió a 'invertir los recursos que provengan de esa reforma en los proyectos de infraestructura, de educación y de salud que demandan y requieren los mexicanos que menos tienen'.
