Caracas, Venezuela
El gobierno venezolano enfrentó ayer el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue asesinado.
El cuerpo de Fernando Albán, de 52 años, fue llevado a la sede del Parlamento -de mayoría opositora-, para rendirle honores. Sus ancianos padres y una hermana lloraron ante el féretro cubierto por una bandera de Venezuela. Más tarde, fue trasladado a una capilla ardiente en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó de abogado.
“Mi papá murió por luchar por la democracia y la libertad en Venezuela”, escribió en Twitter su hijo, Fernando Albán Osio.
Diputados y miembros del Partido Primero Justicia, al que pertenecía Albán, insistieron en que el hecho, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en la capital, no fue un suicidio sino un crimen.
El Parlamento aprobó ayer un acuerdo en el que “responsabiliza” al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte del concejal, y pedirá a Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) la designación de expertos “independientes” para que participen en la investigación.
El concejal había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez”. Esperaba para ser trasladado a los tribunales, dijo el gobierno.
