El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió este jueves un pronunciamiento sobre el proyecto "Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano", actualmente en discusión en el Congreso Nacional, en el que plantea una serie de alertas técnicas que, a su criterio, deben valorarse antes de su eventual aprobación.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el CNA señaló que no cuestiona la facultad del Estado de reorganizar su estructura administrativa ni de racionalizar el gasto público. Sin embargo, advirtió que “la eficiencia no puede construirse debilitando garantías constitucionales”.
Riesgos en materia laboral y acceso a la justicia
El CNA indicó que el proyecto autoriza reducciones forzosas de personal, incluyendo empleados por contrato y por acuerdo de nombramiento. Aunque la iniciativa contempla el pago de indemnizaciones conforme a ley, el organismo alertó que simultáneamente se restringirían acciones judiciales y se suspendería el mecanismo de control previsto en el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil.
Según el Consejo, esta disposición garantiza la revisión de decisiones administrativas en materia de personal, por lo que su suspensión podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva.
“Esta combinación puede dejar al empleado público cancelado sin mecanismos reales para reclamar ante posibles irregularidades, afectando el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”, señaló el CNA en su comunicado.
Con relación al proyecto «Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano»
— CNA Honduras (@cnahonduras) February 19, 2026
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante la discusión en el pleno del Congreso Nacional de la propuesta denominada «Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano», considera necesario formular... pic.twitter.com/KdgpZxBGME
El organismo enfatizó que “la reforma administrativa no puede implicar la suspensión práctica de derechos fundamentales”.
Discrecionalidad en actos administrativos
Otro de los puntos señalados por el CNA es la facultad que el proyecto otorgaría al Poder Ejecutivo para anular o rescindir actos administrativos previos, entre ellos resoluciones, contratos y licencias.
De acuerdo con el pronunciamiento, sin parámetros claros y sin control jurisdiccional posterior, esta atribución podría convertir al Ejecutivo “en parte y juez definitivo”, debilitar el debido proceso y generar inseguridad jurídica para ciudadanos y empresas que hayan contratado con el Estado.
“La corrección de actos ilegales debe realizarse mediante los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico”, indicó la organización.
Observaciones sobre jurisdicción contenciosa
El CNA también expresó preocupación por la disposición que suspende la aplicación del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al considerar que carece de claridad en cuanto a su alcance y efectos.
Según el organismo, su redacción podría permitir que, ante el cierre o supresión de instituciones, no exista continuidad en la responsabilidad procesal del Estado, dejando en indefensión a quienes interpongan demandas.
“Cualquier reforma debe garantizar que la reorganización institucional no se traduzca en evasión de responsabilidad jurídica y acceso a la justicia”, subrayó.
Asimismo, el CNA exhortó al Congreso Nacional a que, en el tercer debate próximo a iniciar, garantice que cualquier facultad extraordinaria esté claramente delimitada, respete el debido proceso y preserve el acceso efectivo a la justicia.
Contexto del proyecto
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció que el proyecto de Ley de Reactivación Económica ya fue aprobado en su primer debate y que su votación definitiva podría concretarse en los próximos días.
De acuerdo con el titular del Legislativo, la propuesta representa un instrumento fundamental para prevenir un posible colapso financiero en el país. La iniciativa contempla una reestructuración del Estado, reduciendo el número de instituciones de más de 100 a entre 70 y 75, con el propósito de suprimir duplicidades, hacer más eficiente el uso de los recursos y liberar fondos para inversión pública y programas sociales.
Zambrano precisó que el texto final del dictamen excluye la declaratoria de emergencia fiscal por 24 meses, incluida en la versión inicial. En su lugar, la propuesta se enfoca en acciones destinadas a estimular la economía nacional.
Tanto Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, como Emilio Hércules, ministro de Finanzas, han reiterado que este cambio fue resultado del análisis técnico y la discusión legislativa.
