Ciudad de Guatemala.
Al principio, Félix Martínez de 55 años les entregaba 100 quetzales (Q) a la semana. Ahora, 10 años después, debe darles a los extorsionadores Q1,370 (equivalentes a $182, más de L4,000), si quiere vivir.
Durante una década, este conductor, que circula por las zonas 5 y 6 de la capital guatemalteca, le ha entregado contra su voluntad a los delincuentes varios millares de quetzales, con los cuales, si los tuviera en el banco, podría comprar una casa con las comodidades que se sueña en cualquier país de Centroamérica.
En suma, cada mes, Martínez paga una extorsión de $730 (L16,790), cantidad similar a la cuota que paga por una casa nueva una familia de la clase media de San Pedro Sula, Honduras.
“Yo ya no soporto más esta situación, pero debo tener paciencia porque si uno denuncia a los extorsionistas, Dios lo guarde. Si denuncio ahora, para mañana ya estoy muerto”, relató a LA PRENSA.
En medio de la impunidad y el terror, él no tiene otro asidero más que pedirle a Dios protección todas las mañanas para que los criminales no lo maten.
“Esto da miedo porque es un sistema. Si uno se pasa de la hora le mandan a alguien para exigir el pago y le dan un poco de tiempo, si se atrasa más, ellos lo matan. Hay horario de 8 a 9 am para pagar. Yo pago los lunes, jueves y viernes”, explicó.
En 10 años, él se ha escapado tres veces de la muerte. Los extorsionadores le han disparado cuando no ha logrado entregar el dinero en la hora que ellos le han impuesto.
“ Mi familia me ha dicho que me retire, pero yo soy una persona mayor y no sé en qué puedo trabajar. He trabajado más de 30 años como piloto (chofer)”, dijo.
Los delincuentes, además de absorberle casi todo el dinero, vigilan y mantienen cautivo y sometido a Martínez en un sistema de manipulación psicólogica.
Preocupado porque Martínez no logra llevar suficiente dinero para cubrir los gastos del hogar, a causa de la “maldita extorsión”, José López, suegro de Martínez, ha denunciado el caso ante el Ministerio Público (MP), mas, según él, no ha tenido una señal.
“Yo tengo una denuncia en el Ministerio Público desde junio del año pasado y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta”, dijo a periodistas de LA PRENSA que lo entrevistaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Víctimas
Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, advierte que los choferes son los que más han muerto y, hasta ahora, el Gobierno carece de una estrategia para poner un alto.
“Es un problema que nunca se termina y hay un asedio constate contra las rutas de transporte”, dijo a LA PRENSA.
Vladimir Díaz, secretario de la Asociación de Transporte Urbano y Extraurbano (Autue), plantea que los choferes son víctimas directas y “los usuarios son afectados porque les suben el valor del pasaje” y en muchas ocasiones también resultan muertos.
Esa organización registra 115 asaltos diarios contra el transporte en todo el país. Los delincuentes despojan a los usuarios de los celulares, aparatos que luego usan para extorsionar.
Entre septiembre y octubre, dos rutas urbanas (la 3 y la 96) cerraron operaciones.
Al principio, Félix Martínez de 55 años les entregaba 100 quetzales (Q) a la semana. Ahora, 10 años después, debe darles a los extorsionadores Q1,370 (equivalentes a $182, más de L4,000), si quiere vivir.
Durante una década, este conductor, que circula por las zonas 5 y 6 de la capital guatemalteca, le ha entregado contra su voluntad a los delincuentes varios millares de quetzales, con los cuales, si los tuviera en el banco, podría comprar una casa con las comodidades que se sueña en cualquier país de Centroamérica.
En suma, cada mes, Martínez paga una extorsión de $730 (L16,790), cantidad similar a la cuota que paga por una casa nueva una familia de la clase media de San Pedro Sula, Honduras.
“Yo ya no soporto más esta situación, pero debo tener paciencia porque si uno denuncia a los extorsionistas, Dios lo guarde. Si denuncio ahora, para mañana ya estoy muerto”, relató a LA PRENSA.
En medio de la impunidad y el terror, él no tiene otro asidero más que pedirle a Dios protección todas las mañanas para que los criminales no lo maten.
“Esto da miedo porque es un sistema. Si uno se pasa de la hora le mandan a alguien para exigir el pago y le dan un poco de tiempo, si se atrasa más, ellos lo matan. Hay horario de 8 a 9 am para pagar. Yo pago los lunes, jueves y viernes”, explicó.
En 10 años, él se ha escapado tres veces de la muerte. Los extorsionadores le han disparado cuando no ha logrado entregar el dinero en la hora que ellos le han impuesto.
“ Mi familia me ha dicho que me retire, pero yo soy una persona mayor y no sé en qué puedo trabajar. He trabajado más de 30 años como piloto (chofer)”, dijo.
Los delincuentes, además de absorberle casi todo el dinero, vigilan y mantienen cautivo y sometido a Martínez en un sistema de manipulación psicólogica.
Preocupado porque Martínez no logra llevar suficiente dinero para cubrir los gastos del hogar, a causa de la “maldita extorsión”, José López, suegro de Martínez, ha denunciado el caso ante el Ministerio Público (MP), mas, según él, no ha tenido una señal.
“Yo tengo una denuncia en el Ministerio Público desde junio del año pasado y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta”, dijo a periodistas de LA PRENSA que lo entrevistaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Víctimas
Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, advierte que los choferes son los que más han muerto y, hasta ahora, el Gobierno carece de una estrategia para poner un alto.
“Es un problema que nunca se termina y hay un asedio constate contra las rutas de transporte”, dijo a LA PRENSA.
Vladimir Díaz, secretario de la Asociación de Transporte Urbano y Extraurbano (Autue), plantea que los choferes son víctimas directas y “los usuarios son afectados porque les suben el valor del pasaje” y en muchas ocasiones también resultan muertos.
Esa organización registra 115 asaltos diarios contra el transporte en todo el país. Los delincuentes despojan a los usuarios de los celulares, aparatos que luego usan para extorsionar.
Entre septiembre y octubre, dos rutas urbanas (la 3 y la 96) cerraron operaciones.
