El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron este lunes a dos agentes policiales por el caso de la muerte de Berta Cáceres.
Según la fiscalía, ambos agentes fueron asignados al caso de la ambientalista una vez se conoció la noticia de su asesinato.
En las detenciones se trata del investigador Juan Carlos Cruz y del expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano a quienes se les acusa por el delito de Inutilización de Registros Destinados a Servir como Medio de Prueba ante Autoridad Competente en perjuicio de la Administración Pública.
El delito por el cual se les acusa a Cruz y a Rosales Izcano, está relacionado con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas.
De acuerdo a la investigación dirigida por fiscales para el enjuiciamiento y practicadas por agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, los capturados presentaron pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista.
Como se recordará, luego del crimen de Cáceres el 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo la investigación realizada por la ATIC descartó ese extremo, cuando el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación “Jaguar” en la cual se efectuaron cuatro capturas, entre ellos el gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), compañía a la cual se enfrentó Cáceres en defensa del río Gualcarque, donde se pretendía construir una represa.
Investigación que fue soportada a través de prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista y que fue irrefutable para poder acusar a las ocho personas procesadas hasta este momento.
Hasta la fecha el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC, reportan la captura de ocho personas implicadas en el crimen de la ambientalista, entre autores intelectuales y materiales, todos con proceso penal vigente por el delito de Asesinato.