La defensa de Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Yoro, ha impugnado ciertos aspectos del informe previo a su sentencia, particularmente objetando cinco párrafos que implican pruebas relacionadas con el narcotráfico de sus hermanos, Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto.
El abogado de Urbina Soto afirmó que se han alcanzado acuerdos para excluir dichas pruebas del proceso, así como para eliminar cualquier referencia a que el exalcalde haya recibido dinero en efectivo en San Pedro Sula.
El caso de Urbina Soto está en una fase crucial, ya que la audiencia fue suspendida temporalmente mientras el juez revisa el Informe de Sentencia y considera una prueba escrita adicional que presentó la defensa.
Urbina Soto, quien fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2023, se declaró culpable de un delito de narcotráfico en mayo de 2024, tras un acuerdo de culpabilidad.
El exalcalde de Yoro, quien ocupó ese cargo entre 2010 y 2014, ha estado en prisión desde 2014 y pidió perdón por sus crímenes en una carta enviada a la jueza Denise Cote. En la carta, admitió haber operado una red de narcotráfico junto con sus hermanos.
Su abogada, Carla Sanderson, presentó un documento de 24 páginas en el que argumenta que Urbina Soto ha mostrado arrepentimiento y rehabilitación durante su tiempo en prisión, destacando su buen comportamiento, sus estudios de inglés, y su participación en actividades religiosas y educativas.
Además, la defensa sostiene que las condiciones de encarcelamiento en Honduras y Estados Unidos han sido extremadamente duras, lo que debería ser considerado para una reducción de la sentencia.
La defensa solicita una reducción significativa de la condena, señalando que el Departamento de Libertad Condicional ha recomendado una variación descendente a 20 años, y argumenta que el tribunal debería reducir aún más esta sentencia, considerando el tiempo ya cumplido, la rehabilitación de Urbina y las condiciones difíciles de su confinamiento.
En este sentido, Sanderson solicitó que se le imponga a Urbina Soto una condena de “tiempo servido”, lo que implicaría su liberación inmediata, dado que ha pasado más de una década en prisión.
