Tegucigalpa, Honduras
Ante la abundante prueba documental que ayer presentó el Ministerio Público, tras ratificar el requerimiento fiscal que fue presentado el 11 de diciembre de 2018 contra los 21 implicados en el Caso Arca Abierta, el juez Reynaldo Antonio Hernández decidió suspender la audiencia para que las defensas técnicas analicen los medios propuestos por la Fiscalía.
Son 31 pruebas documentales, cuatro testificales, una pericial y tres de evidencia física, las que la Fiscalía documenta para acreditar la participación de cinco actuales diputados, seis exdiputados y 10 personas más, que son señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
“El juez de letras destinado tomó la determinación de que los equipos de la defensa tengan dos horas para el análisis de esta prueba, para que cuando se reanude la audiencia puedan pronunciarse respecto a lo presentado por la fiscalía. Las defensas técnicas tienen para mañana (hoy) dos horas, comenzando desde 10:00 am y reanudar la audiencia a las 2:00 pm, explicó Carlos l, vocero del Poder Judicial.
La audiencia
A las 9:20 am, el juez natural, abrió la audiencia inicial, permitiendo la presencia de la prensa en la Sala III de los Tribunales de Sentencia. Fue el defensor del diputado Juan Carlos Valenzuela, abogado Carlos Briceño, quien presentó una excepción por falta de acción en vista que el Ministerio Público no debió promover la acción penal, porque tanto el decreto 141-2917, como el artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), quien investigará la presunta malversación de caudales públicos.
Tras analizar lo planteado, el juez resolvió declarar sin lugar la excepción y solicitó de oficio a la Sala de lo Constitucional que declare la Inconstitucionalidad de esa Ley Orgánica del Presupuesto, que ya dejó sin efecto el caso denominado caso Red de Diputados. Además el juez manifestó que teniendo la Fiscalía la certificación de defunción de Edwin Pavón, quien falleció hace unos días, solicita se pronuncie para decretar la exclusión de la acción penal en su contra.
| Las evidencias presentadas por la Fiscalía incluyen tres cheques, DVD con video, una USB con audio y auditoría forense.
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Los acusados: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, Óscar Arturo Álvarez y Gregorio Alberto González Rivera, son acusados como autores del delito de malversación de caudales públicos.
Entretanto, a título de cómplices se señala a Estela Lisseth Muñoz, Arnold Gustavo Castro, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo. “Vamos a demostrar nuestra inocencia, contamos con las pruebas y vamos a revertir la acusación de la Fiscalía”, dijo Óscar Álvarez, acusado.
La Fiscalía establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras en una cuenta bancaria de la Organización Asociación Planeta Verde.
| Los imputados llegaron hasta la Sala III del Tribunal de Sentencia, donde se realizó la audiencia inicial para 20 de los acusados.
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