El Congreso Nacional retomará el dictamen consensuado de la Ley de telecomunicaciones y tecnologías de la información, para discutirlo y aprobarlo en las próximas semanas, según acordaron ayer la junta directiva y los jefes de bancada.
La vicepresidenta del CN, Lizzy Flores, confirmó que, ante la ruptura del diálogo entre el Poder Ejecutivo y las empresas privadas de telecomunicaciones, la Cámara Legislativa 'tomará la responsabilidad de aprobar esa ley en base al consenso que ya se había logrado con todos los sectores'.
Tema de primer orden
Flores presidió la reunión de jefes de bancada y junta directiva del Congreso, realizada ayer para definir la agenda de trabajo para el segundo semestre de este año. La Ley de telecomunicaciones ocupa un puesto de prioridad, después de los temas forestal y de minería, dijo la diputada vicepresidenta.
Agregó que hay un compromiso del presidente del CN, Roberto Micheletti, de aprobar la citada ley en esta legislatura. Este compromiso ha sido adquirido con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el grupo de países cooperantes, más conocido como el G-16, citó. 'Estamos hablando del proyecto y dictamen que tiene el consenso de todos los sectores, como la empresa privada de las telecomunicaciones, el Bloque Popular, el sindicato de Hondutel y que también cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo', dijo Lizzy Flores.
Este dictamen fue consensuado en octubre de 2006 e, incluso, obtuvo la venia del sector público.
Se rompe el diálogo
La empresa privada rompió el diálogo con el Ejecutivo en torno a una nueva versión de la ley presentada en marzo de este año y que -según los inversionistas- 'es un proyecto violatorio a los tratados de libre comercio y a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en relación a la apertura del mercado de las telecomunicaciones'.
La empresa privada presentó el viernes sus observaciones al citado proyecto de ley, al tiempo que solicitó que la discusión se concentrara nuevamente en el dictamen consensuado en diciembre de 2006 y retirado por el Poder Ejecutivo para cambiarlo totalmente.
Marvin Ponce, diputado de la UD, manifestó que la ley que había sido consensuada es más completa, lo que pasó es que 'detrás de la misma hay intereses de grupos económicos vinculados al Gobierno que se oponen a su aprobación y por eso decidieron trastocarla'.
El primer dictamen había superado controversias tales como clarificar las reglas de inversión, el monto que debían aportar las empresas privadas al Fondo de Inversión Social de las Telecomunicaciones y los tipos de licencias y concesiones. Al ser retirado este dictamen, el Poder Ejecutivo cambió algunas disposiciones y, por ejemplo, elevó de 1.25 % a 4% la aportación de las empresas al Fondo de las Telecomunicaciones.
