El Congreso Nacional aprobó ayer, tras una jornada maratónica, la Ley del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el próximo año por 49,383 millones para el Gobierno central y 43,718.8 millones para las instituciones descentralizadas.
El incremento es del casi el 14 por ciento para el Gobierno central en comparación al año anterior.
Los ingresos corrientes se estiman en 34,799 millones, mientras, los recursos de capital se estiman en 5,511 millones y las fuentes financieras por emisión de títulos valores y préstamos será por el orden de los nueve mil millones, que al final sumarán los 49 mil millones. El total es 93,102 millones.
Esos recursos provendrán en un 79.7 por ciento del Tesoro nacional; mientras el 9.2 por ciento será de las donaciones externas y por alivio de la deuda externa. En este presupuesto no se toma en cuenta la donación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Sesiones
La Ley de presupuesto contiene 108 artículos más los que fueron agregados por los diputados.
La vicepresidenta Lizzy Flores ordenó el cierre de las puertas de salida del hemiciclo para evitar que los diputados dejaran sin quórum el salón de sesiones, como ha ocurrido en otros años cuando se debate la Ley más importante de la República.
El presidente de la Cámara, Roberto Micheletti, abrió la sesión advirtiendo a los diputados que todo tipo de consideraciones y mociones fueran presentadas en su correspondiente momento para no alterar el orden de la discusión.
Esto provocó un debate fluido. La ministra de Finanzas, Rebeca Santos; el director de Presupuesto, Rigoberto Zúniga y más de una docena de técnicos participaron en el debate.
Al presupuesto de más de 49,000 millones de lempiras, se le agrega una ampliación de 475 millones introducida vía moción por el diputado José Azcona, quien argumentó que estos dineros corresponden a proyecciones de ingresos adicionales en el renglón del impuesto sobre ventas, estimado entre 12,500 y 13,000 millones de lempiras para el próximo año.
Cambios
El artículo tres de la ejecución de los ingresos y de los gastos, así como el seguimiento y evaluación física y financiera del presupuesto, la efectuarán las instituciones del sector público.
Se establece la figura de la censura por parte del Congreso Nacional para la institución que no brinde información sobre las liquidaciones trimestrales.
En el artículo 19 se establece que los ahorros en las asignaciones de sueldos básicos derivados de la cancelación de plazas o cancelación de personal supernumerario no podrán emplearse para aumentos de sueldo, creación de plazas, nombramiento de personal de emergencia ni para otro fin, excepto para necesidades urgentes como guerra, conmoción interna, calamidad pública o pago de prestaciones laborales o cesantías.
Para contratar consultores nacionales el salario no será superior a los 60 mil lempiras mensuales, mientras, para los internacionales queda sujeto a los convenios de los créditos.
En cuanto a las instituciones descentralizadas los salarios de los empleados y funcionarios, deberán guardar relación con las remuneraciones que devengan los de igual categoría en el Gobierno.
El nacionalista Juan Orlando Hernández introdujo un artículo nuevo para apoyar a la Procuraduría y el Ministerio Público, para que todos los bienes y valores incautados al crimen organizado se constituyan en un fideicomiso con el propósito de financiar las actividades de ambas instituciones.
Se asignaron además 700 millones para reducir la pobreza a través de las municipalidades. El resto de los fondos provenientes del alivio de deuda en el marco de la iniciativa Hipc y al Club de París, deberán ser destinados exclusivamente para los proyectos de arrastre consignados en el presupuesto y serán invertidos en matrícula gratis, merienda escolar, en las escuelas Proheco, salario de maestros, médicos, bonos otorgados a través del Praf, bono escolar, bono tercera edad, bono desarrollo integral de la mujer, así como en la contratación de nuevos policías.
Además se crea el Fondo Social de planificación departamental por un monto 350 millones de lempiras, a través de un fideicomiso.
