El proyecto de reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) es una copia exacta de las flagrantes violaciones a la libertad de expresión y prensa contenidas en la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones aprobada en Ecuador.
Ambas propuestas establecen, entre otras cosas, una “democratización de frecuencias” en radio y televisión, mecanismos de censura previa y procesos arbitrarios de suspensiones de concesiones, según la revisión hecha a los documentos.
La propuesta de Conatel, en su artículo 9, es igual a la de Ecuador: 33% para los servicios comunitarios, 33% para servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado.
Los dos proyectos establecen lapsos de 15 años como límite de duración de una concesión.
La intransferibilidad de las concesiones está consignada en la propuesta de Ecuador y de la misa forma en la iniciativa hondureña, según su artículo 29, al indicar que las concesiones “no podrán cederse o enajenarse ni se adquieren o transmiten por sucesión, por efecto de los contratos, de la fusión de compañías o por prescripción”.
Igualmente, cuando se traspase una frecuencia, la concesión de la misma quedará revocada, dicen las dos proposiciones.
Los dos diseños de leyes prohíben, también, lo que denominan “concentración de frecuencias”.
La pretendida reforma de Honduras ordena que las frecuencias que no hayan sido utilizadas en la fecha de entrada en vigencia de las mismas el Estado procederá a su “recuperación”.
Tanto en el proyecto de Ecuador como en el de Honduras se crean organismos que tendrán injerencia en el contenido informativo.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación se llama la entidad reguladora de la propuesta ecuatoriana y Comisión Reguladora de Programación se llama a la dependencia moralizadora en el caso hondureño.
“Ana Pineda debe renunciar por dignidad”
Juan Ramón Martínez, analista político, dijo que Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos, debería renunciar por dignidad.
La funcionaria ha defendido la “ley mordaza” que pretende aprobar el Congreso Nacional.
“Su responsabilidad es defendernos ante cualquier hecho del Gobierno, sin embargo, veo que ella en vez de defendernos está respaldando al Gobierno, lo que me hace creer que ella no está cumpliendo con sus responsabilidades. Y esto lo lamento porque la historia la a va a juzgar muy mal en el futuro”, dijo Martínez. En el caso de que su criterio público sea producto de una imposición del Gobierno “si ese fuera el caso, lo que está obligada es a presentar su renuncia porque si no está de acuerdo con el jefe y sabe que el jefe está haciendo algo indebido en contra de los principios personales y de las personas que está llamada ella a defender, su obligación cívica es la de interponer su renuncia inmediatamente”.
Según Martínez, da la impresión que a Pineda más le interesa la “chamba”. “Ella, si no está de acuerdo, y yo lo dudo, mientras no interponga su renuncia debe demostrarle a la opinión pública que no está de acuerdo con una medida que está violando sus derechos humanos fundamentales de los hondureños”. La susodicha funcionaria “debe prevenir al Presidente u oponerse a la medida y si no la escucha interponer su renuncia”.
