La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (Feproddhh) presentó un antejuicio contra cinco integrantes de la Corporación Municipal de La Unión, Copán, correspondiente al periodo 2018-2022.
Los señalados son el alcalde Víctor Hugo Alvarado López, la vicealcaldesa Sonia María Lara Tábora, y los regidores Henry Milthon Tábora Chinchilla, Rafael López Guevara y Fernando Trigueros Pérez.
Se les acusa de incitación a la discriminación en perjuicio de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según las investigaciones de la Feproddhh, la corporación municipal, por unanimidad, declaró “non gratos” a varias ONG, entre ellas el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (Asonog) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), junto con sus representantes legales.
La medida fue una represalia por las acciones legales promovidas por estas organizaciones, que en 2018 lograron detener la exhumación de osamentas en el cementerio de Azacualpa. Dichas exhumaciones, realizadas para facilitar la explotación de oro, habían sido respaldadas por un convenio entre la empresa minera y el comité ambiental local desde 2012.
La disputa entre defensores del medio ambiente y partidarios de la minería ha generado divisiones profundas en la comunidad. Mientras unos defienden la explotación minera como fuente de desarrollo, otros critican las afectaciones ambientales y el irrespeto a la memoria histórica representada en el cementerio de más de 200 años de antigüedad.
