Tegucigalpa, Honduras.
La organización Abogados Defensores del Estado de derecho es del criterio que la Junta Nominadora debe actuar con mayor transparencia para ganar credibilidad.
Este es el mensaje que enviaron ayer los miembros de la organización en conferencia de prensa, donde cuestionan la poca actividad del portal de trasparencia de la Junta.
Los abogados plasmaron sus inquietudes en un comunicado en el que cuestionan la forma “incorrecta” en la que se procedió en la selección de los precandidatos a magistrados de la Corte Suprema por parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y del claustro de profesores.
El CAH realizó una votación por papeletas en la que se nominó a 67 candidatos que supuestamente no fueron escogidos por la asamblea.
Mientras, el claustro presentó en la asamblea únicamente dos planillas ya elaboradas de 20 abogados que fueron sometidas a votación.
La organización también cuestionó al CAH por la “forma antidemocrática e impositiva” en la que se hizo la selección de los representantes a la Junta. En este caso se eligió a José Luis Valladares y Rafael Canales, presidente y vicepresidente del CAH, respectivamente.
En el sexto inciso del comunicado condenan también que el presidente del CAH haya amenazado “con la presentación de acciones criminales en contra de las personas que presenten denuncias en contra de los candidatos a magistrados”.
Además, exigieron al Comisionado Nacional de Derechos Humanos que informe sobre una denuncia en la que se vincula al presidente del CAH y al ministro de Gobernación, Rigoberto Chang Castillo, quienes supuestamente exigieron a directores legales de diferentes instituciones que instruyeran a sus subalternos a “votar por el listado de diez candidatos afines al partido en el gobierno”.
Manifiestan también su “preocupación” ante la “injerencia del Gobierno en la acreditación de más de 40 organizaciones eclesiásticas evangélicas” para participar en la asamblea de la sociedad civil.
Los abogados también cuestionan al Cohep, al Conadeh y a la Corte por no hacer pública la selección de sus representantes ante la Junta.
Solicitan a la Junta Nominadora hacer uso del portal de transparencia que facilitó el Instituto de Acceso a la Información Pública en la que aseguran deberían estar las actas de las reuniones, los currículos de los miembros de la Junta, la lista de los 20 nominados por el CAH y los claustros, entre otros.
La organización Abogados Defensores del Estado de derecho es del criterio que la Junta Nominadora debe actuar con mayor transparencia para ganar credibilidad.
Este es el mensaje que enviaron ayer los miembros de la organización en conferencia de prensa, donde cuestionan la poca actividad del portal de trasparencia de la Junta.
Los abogados plasmaron sus inquietudes en un comunicado en el que cuestionan la forma “incorrecta” en la que se procedió en la selección de los precandidatos a magistrados de la Corte Suprema por parte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y del claustro de profesores.
El CAH realizó una votación por papeletas en la que se nominó a 67 candidatos que supuestamente no fueron escogidos por la asamblea.
Mientras, el claustro presentó en la asamblea únicamente dos planillas ya elaboradas de 20 abogados que fueron sometidas a votación.
La organización también cuestionó al CAH por la “forma antidemocrática e impositiva” en la que se hizo la selección de los representantes a la Junta. En este caso se eligió a José Luis Valladares y Rafael Canales, presidente y vicepresidente del CAH, respectivamente.
En el sexto inciso del comunicado condenan también que el presidente del CAH haya amenazado “con la presentación de acciones criminales en contra de las personas que presenten denuncias en contra de los candidatos a magistrados”.
Además, exigieron al Comisionado Nacional de Derechos Humanos que informe sobre una denuncia en la que se vincula al presidente del CAH y al ministro de Gobernación, Rigoberto Chang Castillo, quienes supuestamente exigieron a directores legales de diferentes instituciones que instruyeran a sus subalternos a “votar por el listado de diez candidatos afines al partido en el gobierno”.
Manifiestan también su “preocupación” ante la “injerencia del Gobierno en la acreditación de más de 40 organizaciones eclesiásticas evangélicas” para participar en la asamblea de la sociedad civil.
Los abogados también cuestionan al Cohep, al Conadeh y a la Corte por no hacer pública la selección de sus representantes ante la Junta.
Solicitan a la Junta Nominadora hacer uso del portal de transparencia que facilitó el Instituto de Acceso a la Información Pública en la que aseguran deberían estar las actas de las reuniones, los currículos de los miembros de la Junta, la lista de los 20 nominados por el CAH y los claustros, entre otros.
