Tegucigalpa, Honduras
El Consejo de Judicatura empezó el proceso de depurar la Corte Suprema de Justicia.
Una vez instalados, los cinco miembros propietarios y uno suplente del Consejo de la Judicatura se comenzó un proceso tendiente a ordenar el Poder Judicial. Eso implica evaluar de forma periódica, investigar y ejercer el régimen disciplinario al personal judicial.
Como primer paso, el Consejo resolverá sanciones a imponer a 93 funcionarios judiciales, entre jueces, magistrados de Cortes de Apelaciones y otros, a quienes fueron investigados y confirmados hechos denunciados en su contra.
Los expedientes fueron distribuidos a los cinco miembros del Consejo para que cada uno emita su dictamen en los próximos días sobre qué sanción compete imponer, entre llamados de atención, suspensión o destitución en el cargo; en el peor de los casos, remitirlos al Ministerio Público por sospecha de delitos penales.
El listado de estos 93 expedientes servirá de base al Consejo de la Judicatura para investigar los bienes de los denunciados.
“Se estableció una propuesta para aprobar una orden a la Inspectoría de Tribunales de estudiar e investigar el patrimonio de los jueces y funcionarios”, informó Teodoro Bonilla.
“Vamos a empezar con los jueces y funcionarios denunciados; para empezar hay 93, esto es un indicador de que algo está fallando”, agregó.
Para incrementar la cifra se pedirá a Inspectoría un informe de cuántas denuncias se procesan, para incluirles la investigación patrimonial. No están eximidos de ser investigados los funcionarios administrativos.
Base legal
La ley faculta al Consejo de la Judicatura a investigar los bienes del personal judicial.
El Decreto 219-2011, contentivo de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, establece en su artículo 24 que la Inspectoría General investigará la administración de justicia y deberes del personal judicial.
“La Inspectoría debe practicar los estudios e investigaciones de patrimonio de los jueces para determinar si equivale a los ingresos que devengan legalmente”, cita dicho artículo.
Agrega que para tales efectos la Inspectoría podrá auxiliarse de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Instituto de la Propiedad y otras dependencias que sean necesarias.
Relacionado al tema, el Consejo de la Judicatura pidió informes del personal que labora en el Poder Judicial. Se solicitaron informes a los titulares de las 11 direcciones que conforman la Corte.
De la Dirección de la Carrera Judicial se pide detallar cuántos empleados laboran en el Poder Judicial, adónde están asignados, qué labores desempeñan, manifestó Bonilla.
Con ello se podrá comprobar si todos tienen funciones asignadas o existen “paracaidistas”.
“No se dejará ninguna duda en la sociedad, se busca garantizar que los recursos son bien destinados, que los funcionarios cumplen funciones de prestar servicio a la justicia”, remarcó.
