Ufecic solicita la privación de 13 bienes del caso Pandora

Esta es la tercera petición que hicieron los fiscales y que fue admitida por el juez que conoce la causa en el Juzgado de Privación de Dominio.

En el nuevo lote de bienes figura una hacienda propiedad del exministro de la SAG. Jacobo Regalado.
En el nuevo lote de bienes figura una hacienda propiedad del exministro de la SAG. Jacobo Regalado.

Tegucigalpa, Honduras.

Agentes de tribunales de la Unidad Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) solicitaron al Juzgado de Letras de Privación de Dominio la privación definitiva de un nuevo lote de bienes de acusados en el caso Pandora.

En total se está solicitando que pasen a favor del Estado seis bienes inmuebles, seis sociedades mercantiles y una cuenta bancaria.

Entre las propiedades figuran una hacienda en Potrerillos, Cortés, y una sociedad mercantil denominada Inversiones Agrícolas R F, a nombre del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Jacobo Regalado, quien se encuentra bajo la medida de prisión preventiva.

A la lista se suman cuatro lotes de terrenos en la residencial Roble Oeste, a nombre de Dalia Esmeralda Palma, exasesora del Congreso Nacional, y algunos de sus familiares.

La Ufecic, además, solicitó la privación definitiva de un terreno en Comayagua y dos sociedades mercantiles ligadas a ella y su familia. Los fiscales insistieron en privar definitivamente de la sociedad mercantil Servicios e Inversiones AID a José Adolfo Sierra y las empresas Caribbean Fruit Export y Contenidos Publicidad a Jorge Alberto Izaguirre Zamora.

La investigación alrededor de este proceso señala que más de 282 millones de lempiras que serían utilizados para impulsar proyectos agropecuarios culminaron financiando campañas políticas del Partido Nacional y el Partido Liberal.

Recién, el Juzgado de Privación de Dominio emitió resolución admitiendo esta nueva solicitud y otras dos que fueron planteadas hace unas semanas. El objetivo de la solicitud es recuperar a favor del Estado hondureño los caudales que fueron sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

La Prensa