Tegucigalpa, Honduras.
Un total de 28 proyectos de infraestructura fueron otorgados a la Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), empresa creada por el grupo criminal Los Cachiros para obtener contratos del Gobierno.
Inrimar fue creada para lavar dinero producto del narcotráfico, según las mismas acusaciones del Departamento de Estado de EUA.
Los contratos fueron suscritos durante el período 2010-2013, coincidiendo con la presidencia de Porfirio Lobo Sosa, y valorados en más de 143.3 millones de lempiras.
La extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras (Soptravi) contrató 20 de las obras, mientras que las ocho restantes las hizo el Fondo Vial, según una información en poder de LA PRENSA.
En 2010 fueron otorgados tres contratos valorados por L32.3 millones. En 2011 fueron adjudicado 12 contratos por L50.3 millones, en 2012 un contrato de L28.7 millones. En 2013 firmaron 12 contratos por L31.9 millones.
Las obras, en su mayoría de pavimentación y reconstrucción de tramos, estaban distribuidas en municipios de Colón, Olancho y Yoro.
Una fuente dijo a LA PRENSA que los actos de corrupción se dieron durante el proceso de precalificaciones para seleccionar a las empresas constructoras o contratistas, por lo que los procesos de licitación salen legales.
“Los contratos pudieron haber sido cumplidos en tiempo y forma. La génesis está en las precalificaciones, en las que bajaron de categoría a mejores empresas. Todo este tipo de contratos tienen que ser sumamente estrictos”, acotó.
Los mismos estaban en un tiempo de ejecución entre uno y dos meses, a excepción de uno de 2012 a 18 meses.
Apenas la semana pasada, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), efectuaron una acción de inspección, decomiso y secuestro de documentos referentes a los contratos que suscribió el Gobierno con Inrimar.
La información recopilada por las autoridades proviene de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (antes Soptravi), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el instituto de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento (Idecoas), el Fondo Vial y el Instituto Hondureño de Geología y Minas.
Al parecer, la empresa favorecida con el contrato de la Enee ni siquiera estaba facultada para ejercer la construcción, ni afiliada en Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
El Gobierno de Lobo Sosa también le concedió varios permisos de explotación de recursos minerales a la compañía Minera Mi Esperanza.
La documentación decomisada está ahora en poder del Ministerio Público, que conformó un equipo con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), a fin de indagar en cada uno de los delitos e involucrados, algunos de ellos del ámbito político que relacionó Devis Leonel Rivera Maradiaga, durante el juicio que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, sigue a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo Sosa.
Salpicados
En septiembre de 2013, cinco meses después de la última firma de los contratos de Inrimar, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Los Cachiros como una peligrosa organización de narcotraficantes, cuyas operaciones estaban entre Gracias a Dios, Atlántida y Colón.
Devis Leonel Rivera, líder de ese cartel y ahora preso en EUA, declaró la primera semana de marzo ante un tribunal de Nueva York que él pagó sobornos a diferentes funcionarios de Gobierno durante los años 2010-2013, a cambio de protección y contratos gubernamentales.
Un total de 28 proyectos de infraestructura fueron otorgados a la Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), empresa creada por el grupo criminal Los Cachiros para obtener contratos del Gobierno.
Inrimar fue creada para lavar dinero producto del narcotráfico, según las mismas acusaciones del Departamento de Estado de EUA.
Los contratos fueron suscritos durante el período 2010-2013, coincidiendo con la presidencia de Porfirio Lobo Sosa, y valorados en más de 143.3 millones de lempiras.
La extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras (Soptravi) contrató 20 de las obras, mientras que las ocho restantes las hizo el Fondo Vial, según una información en poder de LA PRENSA.
En 2010 fueron otorgados tres contratos valorados por L32.3 millones. En 2011 fueron adjudicado 12 contratos por L50.3 millones, en 2012 un contrato de L28.7 millones. En 2013 firmaron 12 contratos por L31.9 millones.
| Panorámica del barrio Las Flores, Tocoa, Colón, otro de los contratos.
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Una fuente dijo a LA PRENSA que los actos de corrupción se dieron durante el proceso de precalificaciones para seleccionar a las empresas constructoras o contratistas, por lo que los procesos de licitación salen legales.
“Los contratos pudieron haber sido cumplidos en tiempo y forma. La génesis está en las precalificaciones, en las que bajaron de categoría a mejores empresas. Todo este tipo de contratos tienen que ser sumamente estrictos”, acotó.
Los mismos estaban en un tiempo de ejecución entre uno y dos meses, a excepción de uno de 2012 a 18 meses.
Apenas la semana pasada, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), efectuaron una acción de inspección, decomiso y secuestro de documentos referentes a los contratos que suscribió el Gobierno con Inrimar.
| Proyectos inconclusos en calle Chela ubicada en Tocoa, Colón.
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Al parecer, la empresa favorecida con el contrato de la Enee ni siquiera estaba facultada para ejercer la construcción, ni afiliada en Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
El Gobierno de Lobo Sosa también le concedió varios permisos de explotación de recursos minerales a la compañía Minera Mi Esperanza.
| $350,000
En sorbonos
En su declaración jurada, el Cachiro indicó que pagaron entre 300,000 y 350,000 dólares para recibir esos contratos en el Fondo Vial, Soptravi y la Enee
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Salpicados
En septiembre de 2013, cinco meses después de la última firma de los contratos de Inrimar, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Los Cachiros como una peligrosa organización de narcotraficantes, cuyas operaciones estaban entre Gracias a Dios, Atlántida y Colón.
Devis Leonel Rivera, líder de ese cartel y ahora preso en EUA, declaró la primera semana de marzo ante un tribunal de Nueva York que él pagó sobornos a diferentes funcionarios de Gobierno durante los años 2010-2013, a cambio de protección y contratos gubernamentales.
Devis Leonel se declaró culpable el año pasado de asociación delictiva para traficar cocaína a Estados Unidos.
En su declaración jurada, El Cachiro reveló que los contratos en Soptravi, Fondo Vial y la Enee serían adjudicados a cambio del pago del 10 al 20% a Fabio Lobo.
Durante sus diferentes intervenciones en los tribunales, el exlíder del cartel de Los Cachiros implicó a políticos de alto calibre, policías y militares.
