SAN PEDRO SULA.
Esas organizaciones plantean que “las restricciones impuestas por
Costa Rica incluso violan la propia legislación costarricense, ya que por la vía de decretos ejecutivos se están anulando los tratados de la integración centroamericana, que forman parte de la legislación interna de ese país.
El Gobierno de Honduras exhorta a su homólogo de Costa Rica a proveer alimentos, medicinas y agua potable a más de 200 choferes hondureños que se encuentran atrapados en sus fronteras (con Nicaragua y Panamá) a causa del cierre al transporte de carga decretado por la administración del presidente tico, Carlos Alvarado Quesada.
Desde el lunes anterior están paralizados más de 2,000 camioneros, entre ellos más de 200 hondureños, en las áreas limítrofes de los países vecinos de Costa Rica bajo la sospecha de ser portadores de COVID-19 a juicio de las autoridades ticas.
“Estamos solicitando protección física para nuestra gente que está haciendo fila (…). Tenemos la necesidad de resolver este problema, no solo por razones comerciales, sino para proteger la salud de los transportistas. Hacemos un llamado a los dos Gobiernos para solucionar esto con carácter urgente”, dijo María Antonia Rivera, designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico de Honduras.
“Este es un asunto de derechos humanos y está sobre cualquier otro tipo de negociación”, agregó Rivera.
Ayer, en una carta enviada a Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, y a Orlando Solórzano, de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, la ministra Rivera les solicitó a esos dos países “apoyo para que los transportistas hondureños puedan finalizar su trayecto o en su defecto retornar a Honduras, ya que actualmente esto no ha sido posible y pone en riesgo la integridad física de los mismos”
Este día, alrededor de las 2:00 pm, el Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) volverán a celebrar una reunión en la cual esperan los Gobiernos de Centroamérica que Costa Rica suspenda las medidas a los choferes extranjeros y adopte un protocolo único de bioseguridad que sería aprobado por esa entidad de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
A pesar del golpe que causa a la economía regional, a los obstáculos que impone a la facilitación del comercio, promovida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a poner en precario la integración regional, Costa Rica tomó una decisión unilateral que después de una semana mantiene en medio de críticas y el descontento de toda la comunidad empresarial del istmo.
Ayer, representantes de las diferentes organizaciones que aglutinan a los transportistas de la región, celebraron una reunión en línea para abordar el problema causado por Costa Rica porque despierta “mucha preocupación por la gravedad de la situación ocasionada por el cierre técnico unilateral de las fronteras (…)”.
 “Costa Rica está equivocado: a ese país llegó el COVID-19 en avión y no en los camiones”: Benjamín Castro, presidente de Catracho
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El artículo 7 de la Constitución de Costa Rica establece claramente que ‘los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes’”.
En un comunicado enviado ayer a Diario LA PRENSA, esas organizaciones expusieron un “rotundo rechazo a los decretos No. 42351-H y 42350-MGP-S de Costa Rica y sus ampliaciones” y advirtieron que “ningún transportista centroamericano está en la disposición de intercambiar remolques o semirremolques, ni equipo de tracción motor o trasiegos en la zonas fronterizas de ingreso, así como el rechazo de limitar el acceso a un reducido número de depósitos o almacenes con un plazo muy reducido dentro de Costa Rica, lo que representa automáticamente un autobloqueo técnico por Costa Rica”.
Reacción
Benjamín Castro, presidente de la Cámara de Transporte de Carga de Honduras ( Catracho), dijo que “el transporte centroamericano por la pandemia y por Costa Rica, que tiene cerrada las fronteras, está perdiendo unos L50 millones ($2 millones) al día, el 14% corresponde al transporte hondureño”.Castro informó que, según los recuentos de las diferentes organizaciones, más de dos mil transportistas están parados en ambas fronteras de Costa Rica exponiendo su seguridad, salud e integridad física.
“Hondureños hay 140 en Nicaragua en el lado de Sapoá, Nicaragua, y en Panamá unos 80. Sin embargo, hay un problema que hay que saberlo enfocar, centroamericanos con carga hondureña hay más de 400. Nosotros ya hicimos una petición a los Gobiernos de Centroamérica”, dijo.
La organización liderada por Castro y todas las de la región plantean que “en caso de que las autoridades costarricenses continúen incumpliendo con las decisiones comunes adoptadas por la cumbre de presidentes centroamericanos y los organismos del Sica, los Gobiernos de la región están obligados a implementar medidas recíprocas para evitar que las medidas sanitarias se constituyan en una protección encubierta a favor de los transportistas de Costa Rica, lo que rompe los principios de libre comercio y libre contratación en toda la región”.
