El cierre de operaciones logísticas de la transnacional bananera Chiquita Brands en Honduras ha despertado preocupación por la pérdida que representa para Puerto Cortés, desde donde se exportaban 28,000 contenedores de mercancías y fruta al año.
La decisión de la empresa de trasladar su operación logística a Puerto Barrios en Guatemala se debe a discrepancias de aranceles y cargos, altos costos de energía y tarifa de transporte terrestre de carga.
María Antonia Rivera, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), dijo ayer que buscarán una reunión con los ejecutivos de la transnacional para hablar en torno a sus operaciones logísticas y productivas en Honduras.
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millones de dólares en divisas captó Honduras en 2019 por las exportaciones de banano. La fruta representa el 11.5% de las exportaciones.
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Jacqueline Foglia, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, explicó que los inversionistas siempre están analizando dónde es más rentable su operatividad.
“En el caso de Chiquita, desde hace algunos meses habían estado viendo sus costos operativos en el sector portuario; todas las operaciones internacionales están constantemente midiendo cuáles son sus mejores opciones, especialmente dónde son sus costos mayores”, dijo Foglia.
Explicó que la operación portuaria representa un costo muy grande en la operatividad de las compañías fruteras, ya que mueven grandes cantidades de productos que por su naturaleza son perecederos.
Preocupación
Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), expresó que la noticia de la marcha de Chiquita Brands es preocupante porque a pesar de tener incentivos o algún tipo de estructura o normativas legales de beneficio tributario como exoneraciones, algún tipo de simplificación administrativa, pues las empresas se están yendo para los países vecinos.El analista dijo que el Gobierno debe ser más específico sobre cuáles serán las medidas que pueden beneficiar en cierta medida y en los momentos de la pandemia para mantener las empresas en el país.
Zepeda señaló que esta situación viene de los últimos años por la incertidumbre y falta de reglas claras.
La transnacional bananera arrenda un predio que pertenece a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y no a la empresa concesionaria como se había informado antes.