Tras un análisis, los sectores empresarial e industrial anunciaron que solicitarán al Congreso que se reforme el llamado “paquetazo” o en su defecto pedirán que sea impugnado cuando entre en vigencia porque impactaría directamente en la clase media y en esos sectores productores.
El empresario panificador y dirigente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, Jimmy Dacaret, anunció que pueden presentar un recurso inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, o sus denuncias podrían ser ante el Ministerio Público para frenar la aplicación de las medidas
“Trataríamos, también, de que las diferentes asociaciones civiles y empresariales efectuaran un frente común en contra de la aplicación”.
Según el empresario, el gobierno ha demostrado, con la aprobación de estas medidas, un desconocimiento de su papel como facilitador para mejorar el desempeño de la actividad económica. “El gobierno determinó pegarle al primer grandote que encontró en su camino.
Además trata de desprestigiar al sector privado”, lamentó el panificador. “Esta ley violenta los derechos personales y del Código del Trabajo, entre otras”, acotó el dirigente quien agregó que el “paquetazo” tiene vicios de legalidad y desacelerará la actividad económica del país.
El presidente del Cohep, Santiago Ruiz, se mostró cauteloso en comprometer el respaldo de la cúpula empresarial a la impugnación.
“Desconozco quiénes son estos empresarios y los temas específicos que impugnarán. Es necesario efectuar un ajuste, pero hay aspectos en que la medicina será peor que la enfermedad. La posición de la dirigencia empresarial del país es, en primera instancia, la de platicar”, dijo.
Generar empleo
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, Luis Larach, aseguró que el paquete de medidas fiscales aplicado por el Gobierno impactará en toda la población hondureña.
“Se dice que solamente afectará a los empresarios, pero es una falsedad porque esto impacta en todo mundo, la clase media y la baja, y por ende en la baja también porque al final el más pobre es el que no tiene a quién trasladarle el aumento en costo”.
Según Larach, “se deberían haber tomado otras medidas antes de meter un ‘paquetazo’ de este tipo porque el problema de Honduras es el desempleo, la falta de inversión y de generación de proyectos. Se debió impulsar la realización de proyectos de energía renovable que generaría ahorro sustancial”.
¿Y los culpables?
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Fenagh, Edgardo Leiva, dijo que es necesario castigar a quienes llevaron al Gobierno a una situación bastante difícil y a la necesidad de aplicar un paquete fiscal que afecta a la población.
“¿Quiénes son y dónde están los culpables de este descalabro financiero cuando teníamos un país en el orden macroeconómico que venía muy bien? ¿Quiénes van a pagar la factura?”, preguntó, para luego pedir que se sienten precedentes y se enjuicie a los responsables.
“¿Realmente las entidades entendidas en la ley van a penar a los que hicieron este descalabro? Hay que sentar un precedente, que no es que cada gobierno va a venir a hacer un descalabro y aquí el que va a pagar la factura es el pueblo y se va a estar en programas de ajuste que nunca la población mira que realmente se sale de ellos. A los verdaderos responsables no se les mira ni en los tribunales ni en la cárcel y más bien miramos que éste es un tema que ya está pasando de moda”.
Otras acciones
Los empresarios volvieron a pedir que el Gobierno adopte otro tipo de medidas para mejorar su acción económica sin perjudicar a los más necesitados.
“Se debe combatir la defraudación fiscal, las subvaluaciones en aduanas que se hacen evidente en el sector agrícola, ampliar la base tributaria y que todos realmente paguen los impuestos como debe ser” agregó Leiva.Los empresarios exigieron auditorías para garantizar que el sacrificio fiscal en impuestos no pare en pago de masa salarial, sino en programas sociales, educación y salud.
Guatemala se opone a reformas
Guatemala. La polémica reforma fiscal que enfrenta a empresarios, políticos, Gobierno y grupos sindicales y populares volvió al Congreso de Guatemala, que tendrá que decidir un aumento de los impuestos que representan apenas el 10% del PBI.
La reforma busca un alza gradual del ISR -del 5 y 6 al 7 en 2012-, propone en cambio el combate de la evasión y el contrabando y el aumento de la base de contribuyentes, incluyendo al sector informal.
El Ejecutivo pretende que el Parlamento apruebe la emisión de bonos del Tesoro por más de 560 millones de dólares para cerrar la brecha fiscal de casi mil millones; no obstante, también encuentra el rechazo de varios sectores que estiman que se está endeudando al país.
