Managua, Nicaragua.
Los empresarios pidieron al Gobierno de Nicaragua financiar la lucha contra la trata de personas con parte de los fondos que el sector aporta al Estado mediante contribuciones y aranceles, después de que el oficialismo les solicitara dinero para perseguir este delito.
'Le corresponde al Estado, que está recibiendo todos estos millones adicionales de parte del sector privado, que sepa distribuir y entregar estos recursos' a los sectores que necesiten, afirmó José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en rueda de prensa.
El Congreso, dominado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), solicitó recientemente el apoyo de los empresarios para financiar con un millón de dólares al año una reforma legal, aún en discusión, que pretende agilizar la repatriación de víctimas de trata de personas, ayudarlas a reconstruir sus vidas y endurecer las penas por este delito.
No es 'que el sector privado no quiera dar, sino que ya no puede dar', objetó Aguerri, quien recomendó usar los 'recursos que el sector privado ya está dando' al Estado.
Según Aguerri, los empresarios han aportado este año 700 millones de córdobas ($26 millones) en cotizaciones extraordinarias para el seguro social, al margen de los nuevos aranceles que el gobierno les aplica para la renovación de los cafetales y el uso de escáneres en las fronteras, entre otros.
Nicaragua registró en los últimos cuatro años 110 casos de trata de personas, en su mayoría mujeres, informó la Policía.
Actualmente las víctimas son atendidas principalmente por organizaciones no gubernamentales.
Los empresarios pidieron al Gobierno de Nicaragua financiar la lucha contra la trata de personas con parte de los fondos que el sector aporta al Estado mediante contribuciones y aranceles, después de que el oficialismo les solicitara dinero para perseguir este delito.
'Le corresponde al Estado, que está recibiendo todos estos millones adicionales de parte del sector privado, que sepa distribuir y entregar estos recursos' a los sectores que necesiten, afirmó José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en rueda de prensa.
El Congreso, dominado por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), solicitó recientemente el apoyo de los empresarios para financiar con un millón de dólares al año una reforma legal, aún en discusión, que pretende agilizar la repatriación de víctimas de trata de personas, ayudarlas a reconstruir sus vidas y endurecer las penas por este delito.
No es 'que el sector privado no quiera dar, sino que ya no puede dar', objetó Aguerri, quien recomendó usar los 'recursos que el sector privado ya está dando' al Estado.
Según Aguerri, los empresarios han aportado este año 700 millones de córdobas ($26 millones) en cotizaciones extraordinarias para el seguro social, al margen de los nuevos aranceles que el gobierno les aplica para la renovación de los cafetales y el uso de escáneres en las fronteras, entre otros.
Nicaragua registró en los últimos cuatro años 110 casos de trata de personas, en su mayoría mujeres, informó la Policía.
Actualmente las víctimas son atendidas principalmente por organizaciones no gubernamentales.
