Los ministros de Economía y Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos acordaron diseñar mecanismos que permitan a las pequeñas y medianas empresas de la región sacar más provecho al Tratado de Libre Comercio, TLC, vigente entre las partes.
“Hemos decidido instruir a nuestros funcionarios a fin de que trabajen con la pequeña y mediana empresa para que puedan aprovechar de mejor manera las oportunidades que el Tratado de Libre Comercio les puede abrir”, dijo en una rueda de prensa Héctor Dada, ministro salvadoreño de Economía.
La decisión fue adoptada en una reunión de los jerarcas de Economía de estos países en San Salvador para evaluar el impacto del TLC, que ya lleva cinco años de vigencia.
Dada explicó que las pequeñas y medianas empresas representan “una parte muy esencial” en el desarrollo del sector exportador de los países involucrados en el acuerdo comercial.
Estados Unidos ha prometido a los países centroamericanos apoyar esfuerzos encaminados al desarrollo y tecnificación de la pequeña y mediana empresa para que puedan cumplir requisitos o normas establecidos en el tratado comercial, puntualizó en rueda de prensa la representante adjunta de Comercio de Estados Unidos, Miriam Sapiro. La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González, señaló que el comercio de Centroamérica hacia Estados Unidos entre 2005 y 2010 registró un crecimiento del 31%, aunque en dirección inversa las exportaciones estadounidenses a la región crecieron un 44%.
“Creemos que el TLC aún no lo estamos aprovechando como quisiéramos, pero a final de cuentas eso es lo que nos interesa lograr y por eso el esfuerzo por dar más dinamismo a las pequeñas y medianas empresas”, indicó González.
Los ministros también decidieron aprobar la creación de un directorio regional de proveedores de productos textiles y confección, con el fin de vincularlos con potenciales compradores en Estados Unidos.
El TLC entre Estados Unidos, República Dominicana y los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) fue suscrito el 5 de agosto de 2004, y entró en vigor el 1 de marzo de 2006 en la mayoría de estos países.
