Tegucigalpa, Honduras.
Honduras fue el único país de Centroamérica que obtuvo una mejora en su calificación de riesgo país en 2017, debido al fortalecimiento de las instituciones y un crecimiento económico.
Las firmas calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service, otorgaron a Honduras el año anterior las calificaciones de BB- con perspectiva Estable y B1 Estable, respectivamente en la nota de riesgo país, dijo Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras.
La inversión total, privada y pública, en el año anterior fue de 5,628 millones de dólares (más de 132,000 millones de lempiras) con un crecimiento del 12%.
Por cada 100 lempiras de inversión, 83 lempiras los pone el sector privado y solo 17 lempiras el Gobierno.
“La razón fundamental de ello es que el Gobierno está creando todas las condiciones para que los empresarios inviertan”, dijo Cerrato.
Honduras fue el segundo país con mayor inversión pública en la región, solo superado por Costa Rica.
“La inversión privada nacional en Honduras creció el 9%, más que la inflación y el crecimiento económico; quiere decir que hay confianza y es rentable, pues nadie invertirá para perder”, enfatizó el presidente del BCH.
En cambio, la inversión privada extranjera directa (IED) creció un 5%, con la expectativa de registrar alrededor de 1,209 millones de dólares, que reflejan un ligero crecimiento a los 1,120 millones de dólares de 2016.
Recomendaciones
El Consejo Monerario Centroamericano destacó que Honduras ha tenido una mejora en la flexibilidad fiscal derivada de políticas disciplinadas de finanzas públicas.
El compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal estuvo fundamentado por el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que duró tres años y concluyó en diciembre de 2017. Adicional, la continuidad en la reestructuración del sector energético ha sido bien vista por el Consejo.
Entre factores de riesgo, el organismo destaca el limitado mercado local de capitales, las rigideces en el régimen cambiario que restringen la política monetaria.
También, los altos índices de delincuencia y las instituciones débiles en general.
De los retos instan a mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y un nivel estable de deuda pública, mejorar las condiciones para un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza.
Agrega que hay que superar las deficiencias estructurales de las instituciones públicas y en el sector energético, al tiempo de continuar reduciendo la criminalidad.
Honduras fue el único país de Centroamérica que obtuvo una mejora en su calificación de riesgo país en 2017, debido al fortalecimiento de las instituciones y un crecimiento económico.
Las firmas calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service, otorgaron a Honduras el año anterior las calificaciones de BB- con perspectiva Estable y B1 Estable, respectivamente en la nota de riesgo país, dijo Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras.
La inversión total, privada y pública, en el año anterior fue de 5,628 millones de dólares (más de 132,000 millones de lempiras) con un crecimiento del 12%.
Por cada 100 lempiras de inversión, 83 lempiras los pone el sector privado y solo 17 lempiras el Gobierno.
“La razón fundamental de ello es que el Gobierno está creando todas las condiciones para que los empresarios inviertan”, dijo Cerrato.
Honduras fue el segundo país con mayor inversión pública en la región, solo superado por Costa Rica.
“La inversión privada nacional en Honduras creció el 9%, más que la inflación y el crecimiento económico; quiere decir que hay confianza y es rentable, pues nadie invertirá para perder”, enfatizó el presidente del BCH.
En cambio, la inversión privada extranjera directa (IED) creció un 5%, con la expectativa de registrar alrededor de 1,209 millones de dólares, que reflejan un ligero crecimiento a los 1,120 millones de dólares de 2016.
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El Consejo Monerario Centroamericano destacó que Honduras ha tenido una mejora en la flexibilidad fiscal derivada de políticas disciplinadas de finanzas públicas.
El compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal estuvo fundamentado por el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que duró tres años y concluyó en diciembre de 2017. Adicional, la continuidad en la reestructuración del sector energético ha sido bien vista por el Consejo.
Entre factores de riesgo, el organismo destaca el limitado mercado local de capitales, las rigideces en el régimen cambiario que restringen la política monetaria.
También, los altos índices de delincuencia y las instituciones débiles en general.
De los retos instan a mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y un nivel estable de deuda pública, mejorar las condiciones para un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza.
Agrega que hay que superar las deficiencias estructurales de las instituciones públicas y en el sector energético, al tiempo de continuar reduciendo la criminalidad.
