San Pedro Sula, Honduras.
A partir de ayer fue cerrada la terminal de la colonia Cerro Verde, de Choloma, adonde operaban cuatro empresas de rapiditos, cuyos socios tomaron esa decisión por el cobro del “impuesto de guerra” que les están exigiendo miembros de la pandilla 18.
El cierre de la terminal se produce un día después de que ultimaran en la calle principal de la colonia López Arellano al motorista José Martín Castillo Flores, quien, según sus compañeros de trabajo, fue victimado por dicha pandilla en represalia porque los socios de las cuatro empresas que operan en el punto no quieren pagar la extorsión.
Según los motoristas y ayudantes de los rapiditos, cuatro días antes de la muerte de Castillo, miembros de la pandilla 18 les mandaron un celular a los socios de la terminal para negociar el pago del “impuesto de guerra”. Expresaron que los socios no creyeron que el celular lo habían enviado los pandilleros y se lo entregaron a la Policía.
Los empleados de la ruta reiteraron ayer que quieren apoyo porque ya no aguantan tanta violencia, “ya no aguantamos a los mareros y ya no aguantamos el ‘impuesto de guerra’. Nosotros somos lo que andamos arriesgando nuestras vidas en la calle y prueba de eso es que el lunes nos mataron al compañero”, expresaron.
Ayer los rapiditos de las cuatro empresas al llegar a la colonia Cerro Verde solo daban la vuelta para regresarse de nuevo al punto que tienen en el barrio Concepción de San Pedro Sula, donde estaban haciendo meta para salir en ruta de nuevo al sector de la López Arellano.
Los motoristas y ayudantes de los buses manifestaron que andan trabajando con temor y los pasajeros también dijeron que se sienten inseguros al viajar en las unidades de transporte.
A partir de ayer fue cerrada la terminal de la colonia Cerro Verde, de Choloma, adonde operaban cuatro empresas de rapiditos, cuyos socios tomaron esa decisión por el cobro del “impuesto de guerra” que les están exigiendo miembros de la pandilla 18.
El cierre de la terminal se produce un día después de que ultimaran en la calle principal de la colonia López Arellano al motorista José Martín Castillo Flores, quien, según sus compañeros de trabajo, fue victimado por dicha pandilla en represalia porque los socios de las cuatro empresas que operan en el punto no quieren pagar la extorsión.
Según los motoristas y ayudantes de los rapiditos, cuatro días antes de la muerte de Castillo, miembros de la pandilla 18 les mandaron un celular a los socios de la terminal para negociar el pago del “impuesto de guerra”. Expresaron que los socios no creyeron que el celular lo habían enviado los pandilleros y se lo entregaron a la Policía.
Los empleados de la ruta reiteraron ayer que quieren apoyo porque ya no aguantan tanta violencia, “ya no aguantamos a los mareros y ya no aguantamos el ‘impuesto de guerra’. Nosotros somos lo que andamos arriesgando nuestras vidas en la calle y prueba de eso es que el lunes nos mataron al compañero”, expresaron.
Ayer los rapiditos de las cuatro empresas al llegar a la colonia Cerro Verde solo daban la vuelta para regresarse de nuevo al punto que tienen en el barrio Concepción de San Pedro Sula, donde estaban haciendo meta para salir en ruta de nuevo al sector de la López Arellano.
Los motoristas y ayudantes de los buses manifestaron que andan trabajando con temor y los pasajeros también dijeron que se sienten inseguros al viajar en las unidades de transporte.
