Diligencias de la Dirección de Investigación Criminal (DPI) indican que el 19 de febrero, a eso de las 6:30 pm, el comerciante Franklin Edilberto Villeda llegó al un hotel de San Pedro Sula, en donde había sido citado para la compra de una propiedad.
Las investigaciones indcan que era supuestamente una reunión de negocios con un abogado (acompañado de otros dos sujetos) para realizar la compra venta de una propiedad ubicada en Tocoa, Colón.
Al día siguiente, el hombre apareció muerto, calcinado, en Pimienta, Cortés. Por el caso hay al menos cuatro acusados, tres prófugos.
Las investigaciones detallan que todos (los involucrados y la víctima) pasaron a un condominio del hotel. Luego de varias horas, uno de los sujetos salió hasta llegar a una comercial en donde compró 14 toallas y regresó al hotel.
En la madrugada del jueves 20, dos sospechosos salieron del hotel. Las investigaciones señalan que en un carrito cargador llevan las maletas, en donde iba el cuerpo del comerciante, y las subieron a un pick-up color gris, en dirección a una gasolinera en el bulevar del sur, luego al bulevar Juan Pablo Segundo.
Los individuos pasaron a la 20 calle, regresando al bulevar del sur y tomaron la carretera CA-5. Ahí, en un lugar de la aldea Las Vegas, de Pimienta, Cortés, dejaron el cuerpo del empresario de Tocoa.
A las 12:30 del mediodía del jueves 20, en la colonia Las Vegas, en Pimienta, autoridades de Medicina Forense realizaron el levantamiento de un cadáver, totalmente calcinado, en el lugar, se encontraron restos de toallas del hotel.
Franklin Villeda era dueño de una comercial en Tocoa, Colón, en donde lamentaron su muerte.
Las autoridades están a la espera de los resultados de Medicina Forense para saber si murió por arma de fuego, arma blanca o golpes.
La red criminal del abogado
Por el crimen está capturado el policía David Ramírez Pérez y prófugo el abogado Rolando Josué Sánchez Salinas, quien sería el líder de un grupo criminal.
El requerimiento fiscal indica que hay dos policías más involucrados en el crimen, quienes también están prófugos.
Las indagaciones de la DPI establecen que al parecer hubo un desacuerdo entre Villeda y el abogado, quien se hacía pasar como asesor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), porque supuestamente el comerciante se sintió estafado, pues presuntamente le había pagado al profesional del derecho una millonaria cantidad de dinero por el inmueble.
Según lo indicado, el abogado con información detallada que supuestamente le daban fiscales y jueces en cuanto a los bienes asegurados y que iban a incautar se contactaba con los investigados o sus familiares haciéndose pasar como asesor de la Oabi y de la Fiscalía y les ofrecía que les iba a recuperar sus inmuebles y a cambio les cobraba millonarias cantidades de dinero.
Las indagaciones de la Policía establecen que Sánchez Salinas citaba a sus clientes a hoteles de lujo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, adonde se reunía con ellos en la “suite” presidencial y andaba con escoltas policiales, lo que daba la impresión ante los clientes de que estaban tratando con un representante de la Oabi y la Fiscalía.
El abogado, que está prófugo, también trabajaría con otros tres togados, según las investigaciones.
