La violencia en el país ha recrudecido en los últimos meses, sin excluir a los abogados. El lunes por la tarde acribillaron a un conocido profesional del derecho cuando se dirigía a la Corte Suprema.
En las últimas semanas, la violencia común y el crimen organizado han desatado su furia contra la población y las víctimas parecen tener mucho en común.
Casi 40 hondureños han sido asesinados de manera violenta en los últimos 11 días. Tres de ellos han sido profesionales del derecho, tres víctimas de los robacelulares, cuatro han sido mujeres, un extranjero, un oficial de policía y la mayoría jóvenes.
Cada tres horas muere una persona a causa de la violencia y la delincuencia que azota a Honduras, a razón de ocho muertes por día.
Organizaciones de la sociedad civil plantearon ayer su preocupación por el incremento en el índice de la delincuencia que siembra luto en la familia hondureña.
Representantes de organizaciones de derechos humanos, iglesias evangélicas, sindicalistas y de género denunciaron que el presidente Manuel Zelaya y el propio ministro de Seguridad, Álvaro Romero, son los responsables directos del incremento de la ola delictiva.
Pidieron la definición de una política clara de seguridad que enfrente las raíces de los problemas y que no se concentre en acciones represivas.
Periodistas y abogados
El asesinato por sicarios del abogado Dionisio Díaz García ha encendido de nuevo la alarma en la sociedad, sobre todo porque el profesional se dedicaba a brindar sus servicios a ex guardias de seguridad de agencias privadas.
Díaz García trabajaba para la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ.
Precisamente, un grupo de periodistas que laboran para esta organización y que realizan denuncias en un periódico digital, se presentó ayer en conferencia de prensa para denunciar que han recibido amenazas de muerte.
Los comunicadores Dina Meza, Claudia Mendoza, Rosa Morazán y Robert Marín denunciaron que han recibido amenazas de muerte aparentemente por los trabajos que han publicado en la revista digital, relacionados con la explotación laboral de que son víctimas los que trabajan en agencias de seguridad.
Responsabilizaron al ministro de Seguridad, Álvaro Romero, y al presidente Manuel Zelaya si algo llega a ocurrirles. Los cuatro periodistas trabajaban junto a Díaz García.
Los integrantes de diferentes organismos pidieron al gobierno cesar los contratos con Delta y Setech porque violentan los derechos laborales y sienten que hay indicios para que los investiguen por la muerte de Díaz García, quien también había recibido amenazas.
“Estas amenazas fueron comunicadas al comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, pero ni él hizo nada”, denunció Dina Meza.
Lo dijo
“Los jueces de los tribunales de justicia también son amenazados de muerte por parte de bandas del crimen organizado”.
Vilma Morales
Presidenta de la CSJ
Soldados apoyarán para reducir índices
Unos mil soldados saldrán a las calles a reforzar los operativos “Navidad Segura” que ejecuta la policía, informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez.
Mañana se inicia el despliegue de un primer contingente de 600 elementos y, en una fecha próxima, el resto de militares.
Este escuadrón será desplegado principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades que reportan los mayores índices de criminalidad, indicó.
Actualmente, unos 2,000 soldados se encuentran diseminados en varios sectores apoyando a los cerca de 8,000 policías que participan en la “Operación Trueno” desde agosto.
Las Fuerzas Armadas harán hoy, en el Estado Mayor Conjunto, el lanzamiento de esta estrategia.
Serán dos batallones de la Policía Militar los que compondrán el equipo de respaldo a la Policía Nacional.
“Estos soldados recibieron entrenamiento en patrullaje, captura, prevención y otras técnicas que se requieren para combatir la delincuencia”, expresó el jerarca militar.
Vásquez Velásquez pidió la colaboración de los ciudadanos para los soldados, a fin de mejorar el desempeño de los operativos, de los cuales se espera sean realmente efectivos.
