San Pedro Sula. Marco Antonio Ávila Castellanos, de 68 años, fue remitido al centro penal de El Progreso, Yoro, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del empresario Ricardo Ernesto Maduro Andrews, ocurrido en abril de 1997, un caso que conmocionó a Honduras por tratarse del hijo de quien posteriormente se convertiría en presidente de la República.
La decisión fue adoptada por una jueza de Letras Penal de Turno, quien resolvió mantener vigente el auto de prisión dictado contra Ávila Castellanos en septiembre de 1997. La medida se tomó pese a que la defensa planteó que la acción penal había prescrito, según la información proporcionada sobre el expediente.
Entre los argumentos considerados para mantener la medida figuran el peligro de fuga y la presunta falta de voluntad del imputado para someterse a la justicia. Además, se informó que el hombre había recuperado anteriormente su libertad en otro proceso debido a un "error administrativo".
Remiten al Centro Penal de El Progreso a Marco Antonio Ávila Castellanos (68), sospechoso implicado en el secuestro y muerte del joven empresario Ricardo Ernesto Maduro Andrews, hecho ocurrido en 1997 en #SPS. La Jueza de Letras Penal de Turno determinó mantener el auto de prisión dictado originalmente en septiembre de 1997. La defensa alegó prescripción de la acción penal, pero se argumentó peligro de fuga y falta de voluntad para someterse a la justicia. El imputado había sido liberado previamente por un "error administrativo" en otro proceso. La Audiencia Inicial fue programada para el martes 20 de octubre a las 10:00 am.
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) October 18, 2026
Las actuaciones judiciales se sustentan en una orden de captura emitida el 1 de junio de 2004, relacionada con la presunta vinculación de Ávila Castellanos con el crimen de Maduro Andrews, quien fue secuestrado y asesinado el 23 de abril de 1997.
El caso continuará con una audiencia inicial programada para el martes 20 de octubre a las 10:00 de la mañana, en la que se dará seguimiento al proceso penal contra el sospechoso.
Mientras tanto, el traslado al centro penitenciario mantiene a Ávila Castellanos bajo custodia, a la espera de las siguientes actuaciones judiciales. La causa busca establecer su eventual responsabilidad en uno de los casos criminales de mayor repercusión pública de la década de 1990 en Honduras.
