Agentes penitenciarios quisieron introducir más de L200,000 a El Pozo

Autoridades investigan la procedencia y destino del dinero.

Fotografía de archivo de la cárcel El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
Fotografía de archivo de la cárcel El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.

Santa Bárbara, Honduras.

Diecisiete agentes penitenciarios asignados a la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, fueron arrestados en posesión de más de 200,000 lempiras.

El dinero fue detectado cuando los policías del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ingresaron a las instalaciones de El Pozo a bordo de un bus Coaster.

Al llegar a la aduana 2A, los agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) procedieron a inspeccionar el vehículo, encontrando una bolsa plástica color negro y al abrirla encontraron otra bolsa conteniendo varios fajos de dinero, papel higiénico y pasta dental.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fue alertada para proceder al conteo y embalaje del dinero. En total se encontraron 245,000 lempiras.

Los agentes penitenciarios que iban en el vehículo fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Las autoridades realizarán las investigaciones del caso para determinar el origen y destinatario del dinero el cual supuestamente sería entregado a los integrantes de una organización ilícita.

Ayer cinco policías intentaron ingresar con granadas de fragmentación a la cárcel La Tolva.

Policías intentaron ingresar con granadas

El domingo fueron capturados cinco agentes penitenciarios que intentaron ingresar granadas de fragmentación a la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

Es decir que en el fin de semana se arrestó a 22 agentes del INP por intentar ingresar con objetos prohibidos a cárceles de máxima seguridad.

Al respeto, las autoridades del INP indicaron que a un lado de la acción penal, a los agentes se les aplicaran las acciones disciplinarias en base a la Ley del Sistema Penitenciario. Recordaron que en lo que va de 2019, ya suman más de 50 empleados cancelados de sus funciones por diferentes faltas y delitos.