San Pedro Sula ya tiene certificado el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permitirá durante cinco años ejecutar programas y acciones para prevenir y combatir la violencia.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, llegó ayer a la Alcaldía sampedrana para dar la certificación al programa que ha sido elaborado por expertos de seguridad con el apoyo de operadores de justicia, de Estados Unidos y de diferentes instituciones de la ciudad.
Bonilla dijo que el plan es muy valioso porque establece las medidas que demanda la sociedad, como el rescate de los valores morales y de espacios públicos para la recreación familiar.
“Con mucha satisfacción entrego a la ciudad el plan certificado. Es un instrumento que le va a servir a esta ciudad, que tiene potencial humano y empresarial que permitirá crear un sistema de seguridad efectivo y va a cambiar lo que se dice que es una ciudad violenta”, dijo Bonilla.
El aún ministro dijo que el plan les da el espacio a las autoridades sampedranas de tener acceso a los recursos financieros de cooperantes y del Gobierno, como la tasa de seguridad.
Lo que sigue
Para administrar los fondos gestionados mediante ese plan se ha formado un comité de fideicomiso integrado por dos representantes de la Alcaldía, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (Ccic), uno de la Iglesia Católica y uno de la Evangélica.
El empresario Ernesto Lázarus es el presidente de ese comité. Informó que ahora sigue conformación del fideicomiso bancario para darle absoluta transparencia al proceso por medio de una licitación pública.
“Se va a invitar a las instituciones bancarias para que puedan participar en la conformación de un fideicomiso. Espero en unos 40 a 60 días tener listo ese proceso y arrancar”.
Lázarus dijo que se elegirá la mejor oferta de costo para administrar los fondos.
El empresario dijo que, aunque las autoridades que administran la tasa de seguridad señalan que no hay fondos para tantas peticiones, la ley manda que se asignen los fondos a las municipalidades que tienen formados ya los comités.
A San Pedro Sula le corresponderían unos 60 millones de lempiras anuales. “Nos lo tienen que dar. La ley contempla que se les tienen que adjudicar como derecho mínimo a las municipalidades lo que ya estaban percibiendo por concepto de la tasa seguridad municipal que teníamos los años pasados”, dijo el miembro del comité.
