Beneficiarios de TPS de Honduras, Nepal y Nicaragua demandan al gobierno de Trump
“Estoy devastado”, confesó Jhony Silva, uno de los hondureños demandantes. “Llegué a este país cuando tenía tres años. Trabajo en un hospital cuidando a pacientes con problemas del corazón. Siempre he hecho las cosas bien. Y ahora podría perderlo todo: mi empleo, mi familia, el único hogar que conozco.”
- 07 de julio de 2025 a las 00:00 /
Washington,USA
La Alianza Nacional TPS (NTPSA) y siete personas afectadas dieron un paso al frente: presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por haber puesto fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión, tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), golpeó justo cuando vencía la última extensión de ese permiso. Para los hondureños y nicaragüenses, la cancelación fue inmediata. Para los nepalíes, el reloj ya corre: el estatus expirará el 5 de agosto de 2025.
Las cifras hablan por sí solas: unos 60,000 beneficiarios llevan años —incluso décadas— viviendo y trabajando legalmente en EE.UU. En los casos de Honduras y Nicaragua, el promedio supera los 26 años; en el de Nepal, al menos una década.
Ahora, el gobierno les da solo 60 días para abandonar su estatus legal y dejar sus trabajos. Muchos no conocen otra casa, otro idioma, otra vida, señalan desde la Alianza TPS.
“Estoy devastado”, confesó Jhony Silva, uno de los demandantes. “Llegué a este país cuando tenía tres años. Trabajo en un hospital cuidando a pacientes con problemas del corazón. Siempre he hecho las cosas bien. Y ahora podría perderlo todo: mi empleo, mi familia, el único hogar que conozco".
Su petición, sencilla y contundente: “Espero que este país abra su corazón y vea quiénes somos realmente: personas que solo quieren vivir con seguridad y dignidad.”
La ofensiva legal, según la demanda, no solo busca detener una medida abrupta. Alega que esta cancelación viola principios básicos de ley: el gobierno, dicen, ignoró las condiciones actuales en estos países y actuó con base en decisiones políticas, no humanitarias.
También señalan que se rompió una práctica histórica: ningún otro secretario del DHS había negado al menos seis meses de transición ordenada a países que han tenido TPS por más de tres años.
Para José Palma, coordinador nacional de la Alianza TPS, el golpe es colectivo: “Cuando atacan el TPS de un país, nos atacan a todos. Nuestra comunidad, que supera los 320,000 miembros, no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a luchar por vías legales. Vamos a seguir exigiendo residencia permanente. Y lo haremos unidos”.
La abogada Jessica Bansal, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), lo dijo sin rodeos: “Quitarle el estatus legal a personas que han vivido más de 25 años en este país, que han cumplido con todas las reglas, no solo es cruel. Es ilegal. No se puede fabricar un resultado político sin cumplir con las obligaciones legales”.
Desde la ACLU del Norte de California, la abogada Emi MacLean fue clara: “La administración Trump declaró la guerra al TPS. La secretaria Noem está desmantelando una ley que ha sido un salvavidas para miles que no pueden volver de forma segura a sus países”.
El caso también sostiene que hubo motivaciones raciales detrás de las decisiones, lo cual violaría la Constitución. Y cuestiona la negativa del gobierno a ofrecer un período de “reducción gradual”, algo que en administraciones pasadas era la norma, no la excepción.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA, quien también representa a los demandantes, advirtió sobre las consecuencias humanas.
“Muchos tienen hijos ciudadanos, han echado raíces en sus comunidades. Esta decisión los obliga a elegir entre la seguridad de sus hijos y el desarraigo total. No pueden regresar a países inseguros. Y sin embargo, se les quita el derecho de vivir y trabajar aquí.”
Los demandantes cuentan con el respaldo legal de varias organizaciones: NDLON, ACLU del Norte y del Sur de California, el CILP de UCLA y Haitian Bridge Alliance. La lucha legal apenas comienza, pero su mensaje es claro: no se irán sin dar pelea. Porque este país, dicen, también es suyo.
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