Roatán registra cero capturas por explotación sexual

Roatán

En Islas de la Bahía, varios de los turistas extranjeros -sobre todo de Norteamérica, Suramérica y Europa- que arriban a través del aeropuerto de la zona insular y cruceros aprovechan los viajes no solo para apreciar las bellezas consagradas y cerrar negocios, sino también para pasar momentos de placer a través de ofrecimientos de hermosas y voluptuosas mujeres que son propuestas constantemente por los residentes a su llegada.

Las insuficientes medidas por parte de autoridades policiales y fiscales y municipales y las redes sociales sin control familiar han normalizado la oferta de sexo entre las mujeres, sobre todo de jóvenes o niñas que están en condición económica vulnerable.

Cristian Nolasco, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), reconoció que “en Roatán a la fecha no figuran detenciones por explotación sexual de mujeres y ningún caso es remitido porque no hay interés ni la capacitación para investigar.Con profesionalismo agradecemos la profundidad del trabajo hecho por Diario LA PRENSA al ser un tema complejo, aunque en los últimos meses registramos alrededor de 10 casos y algunos tienen relación con este delito”.

Nolasco lamentó que “en Islas de la Bahía haya pocos fiscales y policías dispuestos a resolver realmente, y eso evita que hagamos las pericias con control de garantías y demos más respuesta”.

“Hacemos lo posible por tener a policías en esos sitios, pero ahora con las redes sociales y portales web se complica, aunque le apostamos a equipos que vigilan el cibercrimen o ciberdelito”, agregó el oficial durante la entrevista.

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Subrayó que como Policía han recibido información, incluso de estudiantes menores de edad que pertenecen a famosos colegios de San Pedro Sula, que realizan excursiones hacia Roatán y llevan a cabo diversas actividades ilícitas.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium demostró la facilidad con que turistas nacionales y extranjeros acceden a servicios sexuales.

Investigaciones de la Policía establecen que gran parte de las sexoservidoras que están en categoría VIP trabajan en agencias de modelaje o de belleza, algunas engañadas por las organizaciones y otras sucumben por necesidad e insatisfechas de sus ingresos.

Investigadores también coinciden en que hay sitios específicos donde la Policía no tiene acceso: barcos, yates, canoas y lanchas en alta mar, así como otras islas cercanas.Todos estos son lugares idóneos para llevar a cabo una explotación sexual comercial sin que autoridades puedan intervenir para evitarlo.

La Policía carece de vehículos acuáticos y para patrullar únicamente está la Fuerza Naval de Honduras, que tampoco tiene la capacidad para indagar estos delitos.

Estas redes, que son frecuentemente encabezadas por extranjeros a través de tratantes locales, monitorean en las redes sociales a las chicas más atractivas, según su edad, color de piel y estatura, luego las seleccionan al mejor postor.

Se sabe que jovencitas, conocidas en el mundo comercial como “barqueras”, se desplazan procedentes desde San Pedro Sula y Tegucigalpa hasta Roatán para cumplir las fantasías de múltiples turistas a cambio de jugosas ganancias.

Las autoridades remarcaron que la poca efectividad de respuesta a los casos se debe en gran medida porque las víctimas no denuncian a quienes les pagan o las buscan, estas son usualmente usadas o manipuladas.

La DPI reportó entre 2020 y lo que va de 2022 el arresto de 22 personas por suponerlas responsable de explotación sexual comercial a nivel nacional.

Se remitieron 16 casos investigativos por este delito, siendo Tegucigalpa y Colón los lugares que repuntan en cuanto a este acto ilícito, conoció LA PRENSA Premium.

Julio Benítez, abogado penalista y criminólogo de Roatán, llamó al Gobierno, autoridades municipales y Policía a trabajar de manera integrada para que jovencitas no sean víctimas de explotación sexual.

“Considero que al igual que en el resto del país muchas investigaciones no se desarrollan por falta de recurso humano o de logística. Sabemos que en el caso de Roatán los sistemas de justicia policial y judicial son débiles, eso evita realizar indagaciones profundas”, valoró.

El experto en seguridad refirió que algunos factores externos que inciden en la prostitución en la isla son el desempleo a niveles altos, además de problemas intrafamiliares, pues muchas de las jóvenes escapan de su hogar porque no reciben apoyo, no las escuchan y consecuentemente se convierten en víctimas de la trata.

Benítez recordó que Naciones Unidas y otras instituciones internacionales enfatizan en que el crimen organizado es el principal actor detrás de la prostitución.

Por otro lado, amplió que “los casos que se han presentado son aislados. Como son de alto impacto eso ha hecho que haya una opinión distinta a la realidad; sin embargo, no se debe desatender esta problemática y este es el momento oportuno para actuar”.

Sugirió a las autoridades emplear mayor rigurosidad en cuanto a los controles de entrada y salidas de turistas aprovechando las herramientas tecnológicas.

Ejemplificó que se puede monitorear a través de perfiles en bases de datos que alerten de personas sospechosas de pertenecer a organizaciones criminales o con antecedentes de abusos sexuales y que hayan sido perseguidas por la justicia.

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De hecho, Lenín Osorto, exjefe policial de Islas de la Bahía, confió que tras varios escándalos se determinó negar la entrada a extranjeros con reporte de violación o pederastia.

La viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, informó el pasado 9 de septiembre que se bloqueó el ingreso de un ciudadano estadounidense por ser exconvicto de abuso de menores.

“Se acabó el turismo sexual en las Islas de la Bahía, la institucionalidad hondureña declaró a este extranjero como persona no admisible por abuso de menores”, mencionó en ese momento a través de las redes sociales.Se trataba de Jeffrey Peyton Bobo (de 63 años), procedente de Houston, Texas.

El Código Penal vigente tipifica el delito de trata de personas y formas degradantes de explotación humana con una pena de entre cinco a ocho años de cárcel (la que antes era de entre 10 a 15 años), en caso de que haya abusado de una situación de superioridad, de necesidad de la víctima, recepción de pagos o beneficios.