Plan contra la extorsión: millonario presupuesto y pocos resultados

Más de 1,400 millones de lempiras de presupuesto ha recibido la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en dos años desde su creación, pero la extorsión sigue afectando a gran parte de dueños de empresas y negocios en Honduras.

Desde agosto de 2022 hasta julio de 2024, la unidad ha recibido casi 1,400 millones de lempiras de presupuesto, según un análisis de LA PRENSA Premium a los reportes de la Secretaría de Finanzas.

Luego de la asignación del presupuesto, la Secretaría de Seguridad creó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, enmarcado en ocho ejes.

Entre esos puntos importantes estaba, como parte de la asignación del presupuesto, la compra de equipo, contratación de personal, operaciones, temas comunitarios, entre otros.

Aunado a ese plan, el 6 de diciembre 2022 y como parte de la lucha contra la extorsión aprobaron mediante decreto el estado de excepción, con el que suspendieron garantías constitucionales a los ciudadanos.

Según el reporte de la Secretaría de Finanzas, la mayor parte de la partida presupuestaria de la Dipampco se ha destinado a la compra de equipos, principalmente de comunicación, siendo un 35% del presupuesto.

El otro mayor desembolso se ha ido en el pago de sueldos y salarios, como un 32%.

Para muchas organizaciones de sociedad civil, así como representantes del transporte y de pequeñas empresas, el plan no ha funcionado, pues los cobros de extorsiones no pararon.

Entre esta dinámica, las denuncias por extorsión han venido a la baja: se contrajeron a la mitad. De los 1,819 reportes de 2022 bajaron a 947 en 2023, indican reportes oficiales procesados por la Asociación por una Sociedad más Justicia (ASJ). En 2024 apenas han ingresado 143 casos a la Dipampco.

En cuanto a sentencias condenatorias por el delito de extorsión, el fenómeno es igual: muy a la baja.

En 2022 se emitieron 105 fallos condenatorios, pero en 2023 descendió a 66. Hasta marzo de 2024 apenas ha habido seis sentencias, según el informe de ASJ. Sin embargo, estos datos difieren de estadísticas solicitadas por LA PRENSA Premium en el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, sala 6, que opera en San Pedro Sula. Desde noviembre de 2023, cuando comenzó a funcionar, hasta julio 2024 han recibido 216 expedientes.

En los tribunales sampedranos se han realizado 120 audiencias de debate por el delito de extorsión, en las que 65 de los imputados han aceptado su culpabilidad por estricta conformidad y 39 se han sometido al juicio oral y público.

De los casos, 95 de los acusados han sido condenados y solo en 5 casos fueron absueltos por extorsión.

Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que a raíz de un estudio que presentaron en 2022 sobre el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal de Honduras, la presidenta de la república, Xiomara Castro, salió públicamente declarando la guerra a la extorsión.

Castañeda afirmó que los resultados de ese plan no cumplieron con los ejes que estaban establecidos y solo se asignaron más de mil millones, además del presupuesto que ya tenían de la Secretaria de Seguridad.

En ese momento que declaran emergencia también establecieron estado de excepción, pero que carece de legalidad porque el Congreso Nacional no ha ratificado cada una de sus prórrogas. “Todas las más de 30,000 capturas que se han hecho en el marco de ese estado de excepción, que ya lleva más de 600 días, así como allanamientos u otras diligencias, entrarían en un tema de nulidad y las personas detenidas y acusadas solicitarían por medio de sus defensores los recursos para lograr su libertad”, apuntó.

En cuanto a los resultados, Castañeda dijo que no cumplen con la expectativa, pues de diciembre de 2022 a mayo de 2024 solo se registraban 484 detenciones.

La organización también señaló que la actuación del Ministerio Público ha decaído porque de 1,474 acusaciones que han hecho, en 2019 solo presentaron 444 requerimientos fiscales.

En 2020, el número fue menor: 375, mientras que en 2021 bajó levemente, con 365.

De 2022 a 2023 decayó a solo 112 requerimientos fiscales, por lo que se han reducido a casi un 75% en los últimos cinco años.“Esto es un mensaje que nos dejan las estadísticas, que algo está pasando, porque si usted ve es sorprendente la cantidad de detenidos en el estado de excepción, pero la justicia va a detrimento hacia la baja y preocupa”, alertó Castañeda.

Tras la primera estrategia contra la extorsión, las autoridades de seguridad lanzaron el Plan Solución contra el Crimen, que también abarca el combate al lavado de activos. Sin embargo, los resultados vienen en caída.

Estadísticas del Ministerio Público señalan que en 2021 solo se presentaron 33 requerimientos fiscales por este delito. Ese número fue más bajo en 2022, con solo 5, mientras que en 2023 solo 6. En 2024 —hasta mayo— solo va uno, indican fuentes de la ASJ. Entre enero de 2021 a mayo de 2024 solamente han emitido 37 sentencias condenatorias.

La disminución se debe también al decreto 93-2021, que a criterio de ASJ debilita la persecución del delito de lavado de activos, pues una vez que se aprobó, unas 800 personas que estaban presas lograron su libertad.

Mario Fu, portavoz de la Dipampco, expresó que de julio de a diciembre de 2022 se cerró con un número aproximado de 400 capturas por extorsión.

Indicó que en 2023 cerraron con más de 2,200 capturas relacionadas por venta y distribución de narcóticos, extorsión, homicidios y otro tipo de delitos.

Agregó que en lo que va de este año ya hay más de 1,400 capturados y arriba del 89% de los acusados se encuentran con prisión preventiva decretada por los juzgados.

Dijo que muchos de los imputados se someten a procedimientos abreviados por toda la prueba que aportan y son condenados en la primera etapa del proceso tras aceptar su culpabilidad.

“La proyección que se ha mantenido desde el Despacho de Seguridad es potenciar la Dipampco y las demás unidades de inteligencia con más tecnología y capacitando aún más al personal”, apuntó.

Cárceles. Pese a las estrictas medidas que anuncian públicamente las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), miembros de estructuras criminales siguen extorsionando desde los centros penales, confiaron fuentes a LA PRENSA Premium.

Estas fuentes aseguraron que actualmente se pagan hasta 100,000 lempiras por meter un celular, incluso a policías penitenciarios y militares que están a cargo de la seguridad.“Ellos meten teléfonos chinos (modelo) Redmi K50, que aunque haya bloqueadores no les afecta, además de que adentro de la cárcel tienen ‘routers’ para darles señal por medio de wifi”, reveló una persona con conocimiento de estas estrategias.

Además, desde el módulo de Casa Blanca de la penitenciaría de Támara, las bandas independientes que se hacen pasar como pandilleros de la 18 extorsionan a empresas del sector transporte de Tegucigalpa y otras que salen de San Pedro Sula a Puerto Cortés y El Progreso.

Agentes también han detectado que las operaciones delictivas están bajo la coordinación de las bandas de Los Iluminatis y Los Aguacates, así como grupos independientes.

En El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, el control está bajo la pandilla 18, afectando a negocios, empresas y personas de la misma zona.

Otros grupos extorsionadores se identifican como expolicías para cobrar a las empresas de transporte hasta 500,000 lempiras, dando semanalmente de 70 a 100,000 lempiras.

Hugo Maldonado, presidente del Comité de Derechos Humanos (Codeh), comentó que no descarta la circulación de celulares dentro de los centros penales, pero cree que en escala mínima, ya que hay más restricciones y controles.