A pesar de las crecientes críticas y cuestionamientos de diversos sectores del país, las autoridades de la Secretaría de Seguridad han decidido extender por 45 días más el estado de excepción.
Esta es la decimoquinta vez que se prolonga esta medida, implementada como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado. Sin embargo, tanto representantes de la sociedad civil como organizaciones de derechos humanos sostienen que los resultados esperados no se han materializado.
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La nueva extensión del estado de excepción entró en vigor el lunes 19 de agosto, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y se mantendrá hasta el 2 de octubre.
La medida abarca un total de 226 municipios en todo el país, lo que ha generado incertidumbre entre la población, que se pregunta si esta estrategia es una solución temporal o si se ha convertido en una política de seguridad de largo plazo.
Sin efectividad
Nelson Castañeda, director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), criticó que las autoridades han centrado sus esfuerzos en el estado de excepción en lugar de desarrollar un plan de seguridad sostenible.
“Ha pasado más de un año y esta crisis no se ha resuelto, por lo tanto, lo que se ve es que los mecanismos que se han implementado no han sido efectivos. Instamos a las autoridades a no seguir poniendo en riesgo los derechos y garantías de los ciudadanos”, señaló Castañeda, pidiendo alternativas más eficaces para enfrentar la situación.
Datos de la ASJ respaldan esta postura, indicando que la medida no ha sido efectiva en combatir delitos como la extorsión, que sigue afectando a muchos hondureños.
Un informe de la organización reveló que, en noviembre de 2023, el 11.1% de los hogares hondureños fueron víctimas de extorsión, siendo los departamentos de Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán los más afectados.
La ASJ también señaló que solo uno de los 12 decretos para instaurar el estado de excepción cumplió con los requisitos constitucionales, y criticó las repetidas prorrogas que han llevado la medida a casi todo el país.
Castañeda subrayó que el estado de excepción no debe considerarse un modelo de seguridad. “Es un error garrafal y preocupante que esta medida se haya desnaturalizado, implementándose de forma irregular y sin la ratificación necesaria en el Congreso Nacional”, afirmó, enfatizando la falta de legalidad en las repetidas extensiones de esta medida.
Cifras de la violencia en Honduras
Pese a estas numerosas extensiones, Honduras sigue enfrentando niveles alarmantes de violencia. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) informó que en lo que va del año se han registrado 19 masacres en el país, con un total de 61 víctimas, incluyendo 13 mujeres.
Migdonia Ayestas, directora del observatorio, expresó su preocupación por la persistencia de la violencia, incluso bajo el estado de excepción.
A pesar de las críticas, las autoridades de seguridad continúan defendiendo la medida, asegurando que ha ayudado a reducir la delincuencia, aunque las evidencias y opiniones de diversos sectores sugieren lo contrario.
