Estudian ponerle punto final al estado de excepción el 4 de julio

San Pedro Sula, Honduras.

Cuando se cumplen 540 días del estado de excepción en Honduras, autoridades de la Secretaría de Seguridad, Poder Ejecutivo y congresistas no descartan, en un escenario mucho más cerca que lejos, que el 4 de julio a las 6:00 pm pueda finalizar la medida sin una nueva ampliación.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el 2022, año cuando se activó la medida por el incremento de violencia generalizada, se registraron 1,819 denuncias por extorsión, bajando a 947 en 2023 y 143 a marzo de este año.

Dirigentes del sector transporte, así como de pequeñas y medianas empresas en el Valle de Sula concuerdan que la extorsión continúa desenfrenadamente, y la población no denuncia por temor a represalias o por miedo a infiltración de información en las mismas instituciones.

Por otro lado, bases de datos compartidas mediante solicitud pública por la Policía Nacional y analizadas por este medio de comunicación, reflejaron que en 2022 ocurrieron 3,661 homicidios a nivel nacional versus 3,941 en el año anterior, pero después del estado de excepción se reportaron 3,035 decesos violentos en 2023 y un total de 1,000 hechos de este tipo hasta el 22 de mayo de este año.

En una radiografía de seguridad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), durante el tiempo que lleva la medida, 16 departamentos han sido escenario de unas 60 masacres, de las cuales, el 50% ocurrieron en Francisco Morazán (11) , Cortés (11) y ocho en Yoro. Figuran entre las víctimas unos 158 hombres, alrededor de 84 mujeres y más de una veintena de niños y niñas, a los que se suman decenas de personas heridas.

La institución urgió a las autoridades a eliminar el decreto que da vida al estado de excepción y que el problema sea abordado mediante una verdadera política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.

El general Mario Molina Moncada, jefe nacional de la Dirección Policial Contra Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco), confió a LA PRENSA Premium que este estado de excepción decretado desde el 20 de mayo sería el último.

“Aún así habrá que ver qué dice la población, esto puede cambiar, igual como Policía monitoreamos la secuencia de la criminalidad organizada”, detalló el jerarca policial.

La Secretaría de Seguridad sostiene que homicidios, extorsiones y otros delitos relacionados han disminuido sustancialmente desde que comenzó la medida, lo que representa una de las justificaciones para no ampliar el estado de excepción.

“Las estadísticas no mienten, los PCM no son antojadisos, obedecen a un estudio previo donde miramos cómo están los grupos organizados y hemos identificado que se han mutado moviéndose de lugares e implementado nuevas modalidades”, añadió Molina.

El jefe policial especificó que muchas de los afectados han testimoniado haber sido beneficiadas con la medida. Por lo tanto, si esta continúa, será “un plus” para su operatividad como Policía, caso contrario, adoptarán nuevas estrategias contra la criminalidad.

La última emisión del PCM sobre la ampliación no ha llegado hasta ahora al Congreso Nacional, y en sus manos está decidir si sigue o no la medida excepcional.

El congresista del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, manifestó que han visto algunos avances, pero no son los suficientes como para mantener un estado de excepción de manera permanente.

“En la última votación no acompañamos con nuestros votos, ni la bancada del Partido Nacional ni algunos liberales. La votación quedó escasa, solo 67 lo autorizaron. La mayoría de bancadas no están dispuestas a que este estado de excepción se prolongue más allá de julio, por denuncias de violaciones a derechos humanos, y organismos internacionales que dicen que no puede estar un estado de excepción permanente”, exclamó.

En el marco del estado de excepción, desde la sociedad civil denuncian desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, casos de violencia sexual, de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó la “naturalización” de esta medida, que, a su juicio, ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos, y señaló que hay decretos que no han sido ratificados por el Congreso, lo cual generaría vicios de nulidad.

“El estado de excepción se aplicó en su momento para combatir la extorsión, ahora se ha naturalizado y prolongado de manera ilegal”, apuntó. Castañeda reconoció que en su momento la extorsión se desbordó, por lo que la medida era necesaria; sin embargo, recordó que se disponía de 45 días para responder a la crisis, y ahora considera que se ha descuidado el plan.

Para el criminólogo y abogado penalista Carlos Padilla, el fondo de la medida ya caducó, a no ser que se limite al funcionamiento de centros penales.

“La violencia no ha disminuido ni siquiera con el estado de excepción”, advirtió. El analista destacó que la seguridad depende de políticas públicas establecidas por el Estado y la mejora de garantías sociales. Penalmente, dijo, se ha tenido efectos negativos, por ejemplo, policías capturados por abusos durante el estado de excepción, robos, secuestros y extorsiones.

Además de Honduras, solo en El Salvador, con la guerra contra las pandillas del gobierno de Nayib Bukele, y Colombia, cuando hubo escalada de violencia durante la época del narcotraficante Pablo Escobar, se aplicó esta dura medida, después, solo en países del Medio Oriente donde ocurren frecuentes conflictos, los estados de excepción son permanentes.