BID dará aporte para mitigar riesgo de inundaciones en el Valle de Sula

El Banco Interamericano también anuncia $45 millones para reparar sistemas de agua y saneamiento dañados por las tormentas Eta y Iota en Honduras.

A cinco meses de las inundaciones que ocasionaron los huracanes Eta y Iota, aún hay una considerable cantidad de familias a lo largo de Honduras que siguen a la deriva debido a que sus viviendas resultaron totalmente afectadas o destruidas por los desastres naturales.
A cinco meses de las inundaciones que ocasionaron los huracanes Eta y Iota, aún hay una considerable cantidad de familias a lo largo de Honduras que siguen a la deriva debido a que sus viviendas resultaron totalmente afectadas o destruidas por los desastres naturales.

San Pedro Sula, Honduras.

El 20% de la población centroamericana, equivalente a ocho millones de personas, resultaron afectadas por los desastres Eta y Iota de noviembre del año pasado, que a su vez causaron pérdidas estimadas en $3,500 millones.

A cinco meses de la tragedia, la región, en especial Honduras, Guatemala y Nicaragua, están lejos de recuperarse, puesto que la destrucción en los cultivos y en la infraestructura afectarán de manera importante el desarrollo, y a su vez desencadena otras consecuencias.

“La inversión en resiliencia es rentable. Por cada dólar invertido en prevención, se ahorran cuatro dólares en respuesta”, dijo Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el recién celebrado foro Construyendo resiliencia frente a desastres naturales.

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El organismo multilateral ha sido un socio estratégico en esta agenda desde 2016, donde tres de cada cuatro proyectos aprobados para Honduras, Guatemala y Nicaragua han tenido financiamiento para la adaptación y la mitigación al cambio climático

En la última década, el BID aportó cerca de 17 millones de dólares, recursos no reembolsables, para fortalecer los aspectos de respuesta y de prevención a desastres.

“Nuestro compromiso con Centroamérica continúa más fuerte que nunca. Para continuar con el apoyo a la región en la agenda de resiliencia al cambio climático hemos delineado un plan de trabajo con tres ejes de acción: financiamiento, instrumentos y conocimiento”, agregó Claver-Carone.

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La multilateral pone a su disposición recursos por hasta $1,600 millones para los próximos dos años, parte de los cuales podrán ser utilizados para financiar las prioridades que los países definan en desarrollo de infraestructura resiliente, gestión de riesgo y desastres, y de provisión de servicios básicos para las poblaciones de las zonas más vulnerables y otros más.

“Recursos como estos permitirán poner en marcha proyectos como el que ya estamos preparando en Honduras, relacionado con el programa de agua potable y saneamiento por 45 millones de dólares. Con este proyecto buscamos la resiliencia en el sector de agua y saneamiento que permitirá atender la reconstrucción de los sistemas afectados por Eta y Iota”, explicó el presidente del BID.

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Asimismo, para apoyar la inversiones público-privadas para irrigación, agua potable y energía con un monto de hasta 40 millones de dólares que contribuirán a aumentar la seguridad hídrica del corredor seco y mitigar el riesgo de inundaciones en el valle de Sula.

Todo ello, mediante esquemas que fomenten la participación privada, complementadas con inversiones públicas y en las que buscarán el apoyo de socios como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para desarrollar operaciones complementarias que permitan un mayor impacto.

“Eta y Iota nos recuerdan la alta vulnerabilidad que enfrentan los países centroamericanos, y hace más importante poder ayudarlos con mecanismos que contribuyan no solo con atención inmediata ante desastres, sino también con la prevención y construcción de medios de vida resilientes a estos fenómenos naturales”, dijo Claver-Carone.

Propuestas para el Valle de Sula

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha propuesto construir un espacio de desarrollo sostenible entre nueve estados del sur y sureste de México, Guatemala, El Salvador y Honduras para abordar las causas estructurales de la migración y cambiar los paradigmas.

“La principal causa (de la migración) es la falta de empleo, la crisis económica y los ingresos. También hay motivos familiares, pero también vemos que se trata de una vulnerabilidad muy alta a los huracanes y las sequías”, explicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante el foro organizado por el BID.

El organismo ha hecho evaluaciones y estudios sobre cómo ha cambiado el calendario de siembras con gran riesgo de inseguridad alimentaria en los países centroamericanos.

“Se ha reducido la precipitación en un 28% ya en esta década y eso ha cambiado totalmente el escenario. Por lo tanto, estamos trabajando muy de cerca con la FAO en el desarrollo de este plan integral”, explicó Bárcena.

El plan versa de 114 proyectos concretos con un costo de 45,000 millones de dólares de inversión en cuatro pilares para los próximos cinco años. Estos son: crecimiento económico, inversión, comercio, ingresos y empleo con $31,000 millones; acceso universal a derechos sociales y bienestar para la igualdad con $10,000 millones; resiliencia al cambio climático y gestión integral de riesgos con $3,000 millones; y derechos, protección, seguridad y dignidad de las personas en todo el ciclo migratorio con $500 millones.

Bárcena detalló que el plan propone aumentar la participación de energías renovables en matriz energética y desarrollar el mercado eléctrico regional. También el adoptar fiscalidad verde y tributos ambientales específicos.

Por otra parte, cooperar en la gestión regional de riesgos, tales como prevención, reducción, protección financiera, reconstrucción y servicios. Además, potenciar el aseguramiento público y para pequeños productores.

Adicional, impulsar estándares, innovación y tecnologías ambientales que mejoran productividad empresarial y promueven nuevos sectores. En adicción, adoptar regulaciones ambientales rigurosas y fomentar pago por servicios ambientales, cánones por uso de agua, crédito para reconversión productiva e impuestos a combustibles fósiles.

Asimismo, el plan promueve una estrategia integral ambiental de transporte público y una adaptación al cambio climático.

La Prensa