Es impresionante el auge del sector inmobiliario en Islas de la Bahía; ante una demanda dolarizada de bienes raíces, estos han revalorizado sus precios, volviéndose inalcanzables para los nacionales.
Sin embargo, contrapuesto a este boom inmobiliario hay un sector que está entrando en agonía, el pesquero, que desde hace años enfrenta problemas de diversa índole, hoy debe escoger entre dos alternativas: o cambia de actividad, algo que no es nada fácil, o se resigna a cerrar operaciones un sector que ha sido sostén de la economía isleña.
Las Islas de la Bahía deben planificar un tratamiento integral de los problemas que enfrenta el departamento insular; este vertiginoso aumento de los bienes raíces aleja a los nacionales, aumenta el número de extranjeros y con ello sigue en precario la identidad de los isleños como hondureños, algo que ha sido poco trabajado en las islas.
El problema no sólo es de identidad, porque también se tiene que pensar en un plan de ordenamiento urbano, mejoramiento de las vías de comunicación, expansión de la cobertura del sistema sanitario y manejo de desechos humanos.
Cosas importantes se han hecho en los últimos tiempos, como el catastro de los terrenos en el departamento insular y los proyectos de definición de la propiedad en catastros unificados con los registros de la propiedad, pero hoy es el sector pesquero el que espera una respuesta concreta del Gobierno.
Muestra de que la industria pesquera de las Islas se ha enrollado en sus propias redes es el encarcelamiento desde hace cinco años en Estados Unidos de un reconocido empresario pesquero de Roatán por la pesca ilegal de langosta.
No podemos ignorar que el sector pesquero de Islas de la Bahía ha trabajado de manera desordenada, así como la comunidad internacional ha aplicado sanciones por la pesca ilegal de langosta pequeña, no existe autoridad que sancione a los empresarios por el incumplimiento de las más mínimas normas de seguridad del buceo profesional en la pesca de la langosta.
Aunado a todos estos problemas, hoy el fallo de La Haya ha venido a rematar de lleno a la industria pesquera de las Islas; hay cinco embarcaciones detenidas desde ese fallo, los pescadores no conocen exactamente la delimitación y el Gobierno no tiene en sus prioridades la atención integral de los problemas de los isleños.
El llamado es entonces para los sectores organizados de Islas de la Bahía, para que trabajen en un plan conjunto de desarrollo de ese sector, que no deja de ser un pedazo del paraíso en medio del mar, pero que necesita de manera urgente la aprobación de una Ley de regulación de la explotación pesquera con vedas zonales y temporales y que se proteja la vida de los buzos.
Es el momento de que conservacionistas y empresarios se pongan de acuerdo.
